Describiendo el arduo proceso que llevó a cabo el Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP) de la U. de Chile para diseñar la iniciativa constitucional, es que conversamos con la doctora Lorena Rodríguez, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.
La especialista señala que en el país no existe un paraguas en términos jurídicos que asegure el derecho a una alimentación saludable y que permita a las personas tener acceso a alimentos sanos y seguros en todo momento y en todo lugar.
De acuerdo a lo consignado por la OCDE, el 74 % de la población adulta en Chile presenta sobrepeso, mientras que la mal nutrición en el país es una de las más altas del mundo. De acuerdo con Lorena Rodríguez tal problema comienza de manera muy temprana en la infancia en donde un 10 % a 12% de niñas y niños menores a 6 años tienen obesidad, y sobre el 50% de los niños en edad escolar presentan exceso de peso.
Desde la Encuesta Nacional del consumo alimentario se ha señalado que el 95% de la población requiere cambios en la dieta, ante lo cual, la doctora Rodríguez indica que estamos rodeados de entornos obesogénicos cuya masividad es producto de contar con un marketing más atractivo, son más baratos, más fáciles de preparar, etc.
Considerando que el problema alimentario no responde solo a la conducta individual de los afectados, la especialista señala que es una cuestión de modelo en donde es necesario actuar con políticas publicas que modelen precios a través de impuestos y subsidios: “Nuestra propuesta de incorporar esto como derecho es que existan políticas que modifiquen esos entornos, que pongan en cada esquina una feria libre para tener alimentos saludables a un precio saludable, horario de trabajo para tener tiempo para cocinar, tiempo y espacios para la actividad física”, indicó.
Con la organización de varios conversatorios a nivel continental, la realización de estudios que contaron con la colaboración de diferentes actores del sistema alimentario y la participación de convencionales, el Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones emanó su propuesta para incorporar el derecho a la alimentación en la nueva Constitución y para que éste luego baje a través de leyes y políticas públicas que deben ser diseñadas participativamente al igual que su implementación.
