La segunda sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional dirigida contra el Ministro de Educación Raúl Figueroa, contó con la participaron de representantes del presidente del colegio de profesores/as, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao y el abogado constitucionalista Jorge Barrera. Las representantes de la Red de Aulas Hospitalarias explicaron que la reducción de la reducción de subvención para educación especial provocará el cierre de estas aulas.
La Red de Aulas Hospitalarias apuntó a la drástica disminución de recursos provenientes de la subvención para la educación especial y el riesgo de cierre que corren estas aulas. Camila Scarabello, representante de la red, señaló que “la reducción llegó hasta un 88% en el aula hospitalaria de Temuco y en el resto de las aulas un 70% en abril”.
Además, Camila Scarabello explicó que a diferencia de los colegios regulares, si se cierra un aula en una región o en una ciudad, los niños se quedan sin ninguna posibilidad de educación.
Por su parte, Sylvia Riquelme de la Red de Aulas hospitalarias aclaró que si los ingresos no alcanzan para pagar al equipo docente las aulas van a tener que cerrar, ya que por ley no pueden disminuir el número de profesores contratados.
Al respecto, la diputada Marisela Santibáñez, única parlamentaria de oposición que participa en la comisión revisora de la acusación constitucional dirigida al ministro Figueroa, se refirió a las observaciones presentadas por los invitados y señaló que todos los antecedentes apuntan al gran abandono que ha vivido la educación pública en este periodo de pandemia.
Finalmente, Marisela Santibáñez acusó una grave situación de abandono del sistema educativo, y cuya responsabilidad recae en el ministerio.
