Distintos actores sociales se manifestaron en el frontis de los tribunales de justicia para exigir libertad e indulto de las y los presos políticos de la revuelta social.
Junto con denunciar la represión policial de la que fueron objeto en esta intervención urbana, la dirigenta de la Salud Municipal Carolina Espinoza, cuestionó que hoy en Chile la justicia actúe a favor de los poderosos.
Así mismo el consejero de la Central Unitaria de Trabajadores, José Galaz, acusó al gobierno de actuar en contra de los presos políticos de la revuelta, con los mismos parámetros usados en la Dictadura.
Dafne Concha, presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, exigió la disolución inmediata de Carabineros dada su condición de agente represor del pueblo organizado.
Para el presidente de la Asociación Nacional de Asistentes de la Educación, Manuel Valenzuela, lo ocurrido con estos jóvenes activistas demuestran lo desigualdad de la Justicia chilena, la cual permite su prisión ilegitima, pero asegura impunidad para la corrupción y el cohecho.
Desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Felipe Riquelme solidarizó, con los presos de la revuelta, señalando que el Estado ha negado la reparación y el debido proceso en favor de quienes han reivindicado garantías esenciales.
Nolberto Díaz, Secretario General de la CUT, resaltó el apoyo sindical en favor de todos aquellos que ha sido objeto del terrorismo institucional de este Gobierno.
Todos los dirigentes instaron a los parlamentarios a aprobar el proyecto de indulto general a favor de aquellos privados de libertad a raíz de los hechos de octubre del 2019, pese a las presiones políticas y las amenazas del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar su avance legislativo.
