Los colegios metropolitanos de Matronas y Químicos Farmacéuticos presentaron a la Fiscalía Nacional Económica una denuncia para que indague en las últimas compras del Estado en elementos de protección personal, que fueron adquiridos durante la emergencia del Coronavirus. Esta acción busca que el organismo, en uso de sus facultades legales de investigación, reúna antecedentes que permitan determinar la posible existencia de ilícitos que afectan la libre competencia y, por ende, puedan producir un daño en la salud de la población y de los trabajadores y trabajadoras del área.
Tal como denunció la presidenta metropolitana del Colegio de Matronas Katiuska Rojas, la denuncia se basa en una revisión que hicieron los propios gremios a las órdenes de compra y licitaciones por concepto de elementos de protección personal , antes y después de la crisis sanitaria, revelando que a partir de marzo de 2020, las empresas proveedoras subieron de forma generalizada los precios de insumos como mascarillas, guantes, lentes protectores, alcohol gel o escudos faciales, que en algunos casos, incrementaron su valor hasta en un 4.000%.
Del mismo modo, la dirigenta de la matronería ejemplificó que una mascarilla desechable que en noviembre de 2019 costó 12 pesos la unidad, en marzo de 2020, y vía trato directo, tuvo un valor de 500 pesos cada una. Lo que, multiplicado por 2 millones 208 mil unidades, tuvo un costo total de 1.104 millones de pesos. O, por ejemplo, un guante talla L, que a fines del año pasado costaba 13 pesos la unidad, en medio de la mayor pandemia del siglo XXI le está costando al Estado 23 pesos.
Katiuska Rojas advirtió que este posible caso de colusión podría explicar el alza de precios de los elementos de prevención sanitaria adquiridos por la Cenabast, lo que impacta en la cantidad de unidades disponibles para los diversos servicios de salud y, sobre todo, en la protección de los trabajadores de la salud que día a día ponen en riesgo su integridad física y psicológica para garantizar la atención de los chilenos y chilenas durante esta contingencia, enfatizó.
La presidenta del Colegio de Matronas de Santiago, Katiuska Rojas, explicó que han solicitado a la Fiscalía Nacional económica una investigación que esclarezca estas situaciones que son irregulares y que podrían estar configurando ilícitos en contra de la libre competencia.
En esta presentación ante la Fiscalía Nacional Económica además se detectó una baja presencia de oferentes post crisis, en contraste con la diversidad de proveedores que postularon a las licitaciones públicas de fines de 2019, por lo que se estima que es posible que las empresas proveedoras hayan celebrado acuerdos colusorios para “repartirse” este mercado.
