Dirigentas de distintas colectividades políticas solicitaron a la Contraloría agilizar el protocolo de objeción de conciencia, haciendo uso de su rol fiscalizador de la administración del Estado y con ello considerar las graves consecuencias de que el país no cuente con este instrumento.
Desde la Democracia Cristiana, su vicepresidenta de la Mujer Camila Avilés, acusó al gobierno y en particular a la ministra de la mujer y equidad de Género Isabel Plá de no hacerse cargo de ejecutar un ley que permite a las mujeres en dignidad y derecho ser atendidas frente a una de las tres causales que contempla la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
En representación de las mujeres comunistas, la dirigenta de dicha colectividad, Javiera Olivares, advirtió una incongruencia del gobierno pues por una parte celebra en La Moneda el regreso a la democracia y el respecto por los derechos individuales, y al mismo tiempo impide mediante subterfugios y escusas el cumplimento de una ley aprobada legítimamente por el parlamento, tal como es la de interrupción del embarazo por las tres causales.
Para la vicepresidenta de la mujer del Partido Socialista, Karina Delfino, la puesta en marcha de este protocolo de objeción de conciencia ya no puede espera más, pues la torpeza de este gobierno al no enviar esta iniciativa sólo ha significado una postergación que perjudica un derecho ganado por las mujeres.
Desde el Partido Radical, su dirigenta Gladys Paola junto con lamentar que deba recurrirse a la Contraloría para exigir el cumplimento de la ley de las tres causales, emplazó a la vocera de Gobierno Cecilia Pérez a terminar con las evasivas y definir si está o no con las mujeres de este país.
María Cecilia Romero vicepresidenta de la mujer del PRO, anunció que pedirán por ley de transparencia un listado de los hospitales en donde existe y se aplique el protocolo de objeción de conciencia, exigiendo desde ya que se implemente eta legislación en aquellos centro médicos que carezcan de esta normativa.
Recordar que ya en mayo de este año la Contraloría emanó un dictamen que declaró ilegal el protocolo de objeción de conciencia en el Aborto en Tres Causales impulsado por este gobierno, el cual que permitía que instituciones privadas que recibían aportes estatales pudieran ser objetoras de conciencia. Por este motivo el Gobierno envió un nuevo protocolo en junio, el mismo que ahora decidió retirarlo para hacer correcciones , sin que se haya dictado aun ninguno de su remplazo.
