(Por Juan Gajardo López / profesor / dirigente del PCCH). El reciente fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que de manera nítida determinó que el Estado de Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia la posibilidad de una salida soberana al Pacífico para esta nación, sin duda constituye un éxito en esa instancia para la diplomacia criolla y un serio revés a la estrategia del presidente Evo Morales, que veía en esta demanda presentada el año 2015, un instrumento a través del cual intensificar la presión internacional hacia Chile.
Es muy pronto para evaluar las consecuencias de este fallo. Con la reacción de desborde patriotero de los actuales inquilinos de La Moneda ellos buscan presentarse como artífices de esta victoria, aunque sus verdaderos gestores fueron los equipos constituídos en la anterior administración. Piñera intenta revertir aunque sea temporalmente su caída de aprobación en las encuestas, a la vez que mitigar su infando gesto de incluir nuestro emblema patrio en una trucada bandera de EEUU. La decepción boliviana puede derivar en consecuencias en su política interna, que es aventurado precisar en estos momentos.
Pero la interrogante real que debiésemos hacernos es si este fallo supera el conflicto entre dos naciones hermanas y limítrofes. Y la respuesta es que clausurando una línea de acción para Bolivia, no resuelve el tema central controvertido que es político, cual es la demanda de salida al mar que hace ese país. La posición maximalista boliviana encuentra una cerrada negativa en su contraparte chilena, impidiendo explorar las múltiples posibilidades de necesaria cooperación y complementariedad, sobre todo si pensamos en los intereses de los pueblos de ambas naciones.
En Chile no son pocos quienes se engañan o engañan al pretender mostrar un éxito judicial como resolución del problema político ya más que centenario de relación entre estas naciones. De modo similar, también diversos personeros han buscado a través de los medios de comunicación social sistémicos, reinterpretar el plebiscito del 5 de octubre de 1988, con un marcado sesgo anticomunista. Al re significar el rol que en esas circunstancias jugaron los comunistas, lo que buscan es dulcificar la dictadura y rebajar el papel de las movilizaciones populares. Obvia es también la intención de intervenir en la actual coyuntura levantando obstáculos a la unidad amplia de toda la oposición.
Desde que Emilio Torres en su condición de presidente de los trabajadores del cobre llama a la primera protesta nacional en mayo de 1983 y al ser reprimido es reemplazado por Rodolfo Seguel, quedó claro que el protagonismo de los sectores populares era factor básico para derrotar a la dictadura.
El reconocimiento de los resultados del plebiscito no se explica a partir de un supuesto sentido democrático de los militares y la derecha, sino de la presencia de un movimiento social organizado. Fue esa la fuerza que mostraron los sectores políticos que luego conformarían la Concertación para que el dictador les reconociera como contraparte.
El movimiento popular en Chile siempre ha sido multifacético en su construcción y diverso en sus expresiones y dentro de él, los comunistas jugamos un rol que destaca más allá de visiones interesadas en manipular la historia. Ese movimiento popular, 30 años después, en nuevas circunstancias, deberá este 8 de noviembre nuevamente empezar a mostrar su fuerza para ya no derrotar a una dictadura política, sino transformar en beneficio de las mayorías el injusto sistema que nos legó el dictador.
