La actual dirigenta nacional y candidata al directorio regional metropolitano destacó la necesidad de fortalecer la organización gremial, articular al magisterio con los movimientos sociales y defender los derechos de las comunidades educativas. Además, rechazó las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y cuestionó la lógica mercantil del sistema de pensiones.
En el marco de las próximas elecciones del Colegio de Profesoras y Profesores, Paulina Cartagena Vidal, actual dirigenta nacional del gremio, abordó los principales desafíos de la organización y los planteamientos que marcan su participación en la elección de la dirección regional metropolitana.
Cartagena defendió el papel del magisterio como actor relevante en el debate público y destacó la importancia de fortalecer el trabajo colectivo con organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles. A su juicio, el escenario político y presupuestario exige una organización capaz de sostener el diálogo con las autoridades, pero también de movilizarse y articular respuestas frente a las decisiones que afectan a la educación pública.
La dirigenta valoró las acciones impulsadas durante el último período, entre ellas las movilizaciones en torno al Presupuesto 2027 y la participación del profesorado en la jornada convocada por la CONFECH el pasado 1 de octubre. En esa línea, sostuvo que la coordinación entre los distintos sectores sociales es fundamental para enfrentar los desafíos actuales.
Defensa de los derechos docentes y articulación social
Paulina Cartagena destacó que el Colegio de Profesoras y Profesores mantiene una relación permanente con las autoridades, independientemente de las diferencias políticas. Asimismo, reconoció que el gremio tiene una mirada política propia, que no impide sostener espacios de diálogo y negociación.
La dirigenta planteó que uno de los desafíos centrales es profundizar la articulación con otras organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles, fortaleciendo la capacidad de acción colectiva del magisterio frente a las políticas del Ejecutivo.
En relación con el debate presupuestario, valoró la movilización hacia el Congreso Nacional en Valparaíso para expresar las preocupaciones del sector sobre los recursos destinados a la educación. También destacó el acompañamiento del bloque sindical a las demandas estudiantiles y condenó la represión registrada durante la movilización del 1 de octubre.
Rechazo a las rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores
Durante la conversación, Cartagena manifestó su profundo rechazo a las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Desde su experiencia como docente, subrayó las consecuencias que estos delitos tienen sobre las víctimas, sus familias y las comunidades educativas.
“Estamos hablando de delitos gravísimos que destruyen vidas”, afirmó, haciendo hincapié en que las víctimas necesitan justicia, protección y reparación por parte del Estado.
La dirigenta también exigió transparencia respecto de los criterios utilizados para conceder estos beneficios y sostuvo que la protección de la infancia debe estar por encima de cualquier consideración política o administrativa.
Pensiones docentes: contra la lógica mercantil
Otro de los ejes abordados por la dirigenta fue la situación previsional de las y los trabajadores del país y de la educación a próposito de la pérdida millonaria del FOndo E. Cartagena cuestionó el funcionamiento del sistema de AFP y planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo que garantice pensiones dignas para quienes han dedicado décadas a la enseñanza.
En ese contexto, destacó la realidad de profesores y profesoras que han ejercido durante más de 43 años, señalando que sus trayectorias representan prácticamente una vida completa dedicada a la docencia.
“El fin de esto es que nuestras pensiones no sean negocio”, sostuvo, vinculando esta demanda con la defensa de otros derechos sociales, como la educación, la salud y la vivienda.
De cara a la elección de la dirección regional metropolitana, Cartagena situó estos desafíos en la necesidad de fortalecer la organización gremial y defender los derechos de las y los trabajadores de la educación, manteniendo una articulación activa con las comunidades educativas y el movimiento social.
