El reciente fallecimiento de dos policías aceleró la aprobación del proyecto de ley sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) que llevaba en tramitación desde hace más de tres años. Ayer, 7 de octubre, el texto fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas y posteriormente por el Senado. Al respecto, Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, ha dicho:
“Las reglas tal como han sido aprobadas no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. Es preocupante que no contemplen adecuadamente principios fundamentales como la proporcionalidad y la rendición de cuentas, y que se hayan debilitado referencias esenciales a la prohibición de la tortura y de protección de grupos de especial protección como niñas, niños y adolescentes. Estas deficiencias abren la puerta a que puedan repetirse graves violaciones de derechos humanos, otorgando un margen excesivo de actuación a las policías y las Fuerzas Armadas y dejando a la ciudadanía en una situación de mayor desprotección”.
Las Reglas del Uso de la Fuerza establecen las condiciones y límites bajo los cuales las policías y las Fuerzas Armadas pueden ejercer sus funciones. El proyecto de ley busca entregar un marco común para determinar cuándo, cómo y con qué intensidad puede utilizarse la fuerza, así como establecer deberes y responsabilidades asociados a su empleo.
El Estado tiene la facultad de utilizar legítimamente la fuerza para proteger a las personas y mantener el orden público. Sin embargo, esta facultad debe ejercerse dentro de límites estrictos y de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Chile, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está obligado a respetar y garantizar, entre otros, los derechos a la vida e integridad personal. Estos tratados se complementan con estándares específicos de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una regulación adecuada debe establecer, entre otros elementos, los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Esto significa que la fuerza debe perseguir un objetivo legítimo, utilizarse solo cuando sea necesaria y recurrir a medios e intensidad acordes con la amenaza o resistencia enfrentada.
“Durante el estallido social pudimos ver las graves consecuencias del uso desproporcionado y abusivo de la fuerza, que dejó a miles de personas heridas y con lesiones de por vida. En ese momento, recomendamos con urgencia establecer reglas y protocolos más precisos y acordes con el derecho internacional. Sin embargo, esto aún no se ha cumplido, lo que abre la puerta, especialmente en contextos de manifestación, a que estos abusos puedan volver a ocurrir”, expresa Bustos Bottai.
Contar con reglas claras también es relevante para las propias instituciones encargadas de hacer cumplir la ley: permite entregar certeza sobre sus facultades y, al mismo tiempo, establecer mecanismos para prevenir abusos y determinar responsabilidades cuando la fuerza se utiliza fuera de los límites establecidos.
“Una regulación adecuada no debe entenderse como un obstáculo para la labor policial o militar. Por el contrario, reglas claras, compatibles con los derechos humanos y acompañadas de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas permiten entregar mayor certeza a quienes ejercen funciones de seguridad y fortalecer la protección de todas las personas”, afirma Rodrigo Bustos Bottai.
Aspectos como la ausencia del principio de proporcionalidad, la falta de una prohibición expresa de apuntar armas menos letales al rostro, cabeza o torso y la eliminación del principio de rendición de cuentas; sumado a las disposiciones que amplían las circunstancias en que podría utilizarse fuerza potencialmente letal, incluida aquella destinada a impedir daños graves e inminentes a infraestructura crítica supone una gran preocupación. Estas disposiciones deben ser revisadas para asegurar que la futura ley prevenga abusos y proteja efectivamente los derechos de las personas.
