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Pobladores de Placilla en San Antonio apelan a debido proceso frente a inminente desalojo

Por Carolina Millalen

Pobladoras y pobladores de la toma de Placilla en la comuna de San Antonio, apelan a la radicación de los terrenos que habitan en la zona alta de la comuna de la Quinta región.

El espacio fue ocupado desde el año 2019 y hoy los pobladores enfrentan una nueva orden de desalojo que impone un plazo hasta febrero de 2027. 

Cerca de 2500 personas viven en 1042 sitios de Placilla, de acuerdo al catastro realizado a fines del año 2024 por el gobierno del ex Presidente Boric. “El campamento está siempre en movimiento, gente que se va que se viene”, describe Braulio Bulnes Farías, uno de sus habitantes. “La inmobiliaria Bellavista y la agrícola Alto Miramar se reclaman dueños de estos terrenos sin que haya existido un juicio donde puedan demostrar dicha propiedad”.

En julio, la Corte Suprema ordenó restituir los terrenos a las privadas, mientras que los pobladores levantaron una demanda declarativa de inoponibilidad de sentencia, apelando a un debido proceso donde poder ejercer una legítima defensa.

“Siempre hemos estado organizados”, acota Braulio Bulnes. “En los primeros años nos juntamos con los representantes de la inmobiliaria”. “Ellos en una primera instancia ofrecen una solución de 300 casas, nos dijeron: “Para que ustedes tengan vivienda, pero no tenemos vivienda para todos los que están en el campamento””, recuerda: 

Según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO-Chile, la Región de Valparaíso concentra la mayor cantidad de campamentos a nivel nacional con más de 30 mil familias viviendo en este tipo de asentamientos. Meses atrás, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, señaló que son 14 los desalojos en proceso a lo largo de todo el país.

El año 2025 el Estado ejecutó un proceso de expropiación de terrenos frente al inminente desalojo ordenado por la Corte para la toma de Cerro Centinela en la misma comuna. Según lo expresado por el poblador, en ese proceso el gobierno anterior tampoco fue capaz de dar una solución para un número importante de personas que igualmente fueron desalojadas. 

La toma de Placilla ha seguido un camino regular, agrega: “Serviu tiene un programa que se llama Asentamiento Precarios donde atiende a los campamento del país. El 2022 el nuestro ingreso al catastro de campamentos lo que le permite ser atendido por el programa”, dice sobre las alternativas de relocalización, radicación o erradicación que guarda el programa.

Sin embargo, pese al proceso seguido, para el campamento aún no hay respuesta y es inminente el desalojo. “La lectura del proceso es que el gobierno anterior dejó pasar el tiempo para lavarse las manos”, arremete Braulio Arenas “porque con nosotros nunca actuaron”. 

“El ministerio tiene una baraja de opciones para dar viviendas, pero ellos se están remitiendo solamente a las que son más lucrativas para los negocios de las inmobiliarias, desechando la ley 20.234 que permite a los campamentos radicarse”.

Respecto a las gestiones que han seguido con el actual gobierno de Kast recuenta que tuvieron “una reunión con los delegados en Valparaíso, Seremis, pero ellos son bastante peor que el gobierno anterior”:

Respecto a la demanda por la radicación que persiste pese a esta orden de desalojo, indica que tiene fe en lo que jurídicamente se puede revertir con la demanda declarativa. “Tenemos fe que se está devolviendo el sentido al recurso de protección, que los jueces van a votar a favor, que el recurso no es un instrumento válido para desalojar a comunidades completas”.

Bulnes, también indica que junto a otras agrupaciones están organizando una movilización por la vivienda en San Antonio: “Creemos que es una de las comunas afectadas por esta catástrofe humanitaria de los desalojos”:

“No podemos querer pedir a este gobierno que volvamos a lo que hacían gobiernos anteriores. Hay que pedirle a este gobierno o a cualquiera, exigirle que las políticas de vivienda se tengan que actualizar, que las personas ya no se casan, que las personas ya no están teniendo hijos, que si los sueldos no suben  no hay capacidad de ahorro. No queremos viviendas en la periferia o de mala calidad. No queremos vivir, no se puede vivir en una fila 15 años”.

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