La parlamentaria comunista cuestionó el fallido reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, advirtió sobre los riesgos de la reforma al sistema político en torno a la “condena” a los regímenes totalitarios, y rechazó de plano cualquier indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad.
El reglamento que terminó retirado de la Contraloría
Sobre el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, la senadora fue categórica: “el gobierno quiere tratar de cumplir esto de gobernar por decreto y, por lo tanto, tratar de saltarse los mecanismos de la deliberación democrática”, sostuvo. Para Pascual, el problema de fondo era que el texto habilitaba, por la vía administrativa, la destitución de alcaldes y alcaldesas por notable abandono de deberes en materia de seguridad, “cuando recién se están incorporando los municipios” a esa función, y sin ser ellos “los llamados ni los responsables primeros” de la persecución del delito.
Pascual había planteado además que la ley de Seguridad Municipal vigente hace apenas dos o tres meses, buscaba justamente dotar a los municipios de recursos y atribuciones para actuar como “coadyuvantes” en la prevención, en un contexto de años en que los vecinos, ante la ausencia de Carabineros, terminaban recurriendo a la seguridad municipal.
En ese sentido, criticó que el reglamento avanzara “para variar” con “una pasadita de rosca”, pidiendo destituciones por una ley recién en implementación en lugar de resolver primero el nudo de fondo: la entrega de recursos y la definición de cómo se financia la nueva Inspección de Seguridad Municipal, tarea que, advirtió, no puede terminar restando personal y fondos a labores municipales históricas como la fiscalización de patentes comerciales.
Reforma al sistema político: la discusión por la palabra “condena”
El segundo eje abordado por la senadora fue la reforma al sistema político, actualmente en su etapa final tras el acuerdo alcanzado en comisión mixta.Pascual explicó que había pedido corregir la redacción que exige a los partidos “expresar su condena” al establecimiento de un régimen totalitario, por considerar que no era equivalente a comprometerse a “no procurar su establecimiento”, que es el estándar que fija la Constitución.
“Una cosa es que yo lo tenga como objetivo (…) y otra cosa es que yo condene”, señaló, advirtiendo que la ambigüedad de la palabra “condena”, sin plazos ni autoridad clara para calificarla, podría abrir una disputa futura sobre quién determina qué constituye un régimen totalitario: “¿El Servel, el Tricel, el Tribunal Constitucional?”
La propia Pascual había advertido, la necesidad de una redacción “estrictamente concordante” con la Constitución para evitar confusiones de interpretación; sin embargo, de acuerdo con lo señalado por la senadora, ese ajuste no quedó reflejado en el informe final de la mixta.
Indultos a violadores de DD.HH.:
El tercer punto abordado por la senadora fue el debate sobre los indultos que analiza el gobierno de José Antonio Kast para condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Pascual diferenció con claridad dos planos: uno, el derecho a cumplir la condena en condiciones dignas; y otro, muy distinto, la impunidad que implica un indulto o una salida anticipada para criminales . “Ojalá exista presión ciudadana para que esto no se lleve a cabo”, afirmó.
Por otro lado, la senadora cuestionó el doble estándar del gobierno: mientras frente a la delincuencia común se exige “todo el rigor de la ley” y las penas máximas, frente a crímenes de lesa humanidad se argumenta que “nadie puede morir en la cárcel”, un criterio que, dijo, “lo mismo podrían estar pidiendo todas las familias” de otros condenados.
