Representantes del pueblo mapuche llegaron hasta el Ministerio de Defensa, en la Región Metropolitana, para hacer entrega de una carta formal en la que solicitan la renuncia del ministro de la cartera, Fernando Barros, a raíz de sus recientes declaraciones sobre el Convenio 169 de la OIT, la Ley Indígena y la Ley Lafkenche.
Mientras dejaban la carta que pedía la renuncia de la autoridad, un hecho que no paso desapercibido por los protestantes, fue que la placa del ministerio esta escrita en 5 idiomas, Español, Mapuzungun, Quechua, Aymara y Rapa Nui. En Mapuzungun dice: Txokin Inkaniekelu ta Chile Wall-Mapu.
Luis Catrileo, encargado de pueblos originarios del PC, explicó los motivos de la acción:”Hoy día, como mapuche autoconvocado, acá en la Región Metropolitana, hemos venido a entregar una carta al Ministerio de Defensa, solicitando la renuncia del ministro Fernando Barros, por sus declaraciones insidiosas y odiosas en contra de los pueblos originarios de Chile, manifestando el término del Convenio 169 de la OIT”.
Por su parte, el abogado y académico mapuche Alihuen Antileo, presidente de la Plataforma Política Mapuche profundizó en el carácter de las declaraciones del secretario de Estado y en los efectos que, a su juicio, tienen sobre la relación entre las Fuerzas Armadas y los pueblos indígenas. “Las declaraciones emitidas por el ministro de Defensa recientemente tienen un carácter racista, al considerar que la legislación actualmente vigente, como el Convenio 169, la Ley Indígena y la Ley Lafkenche, representarían una amenaza para el país. De esta manera, este ministro nos coloca a los pueblos indígenas en una situación en donde, para las Fuerzas Armadas, nosotros seríamos un enemigo interno y, por lo tanto, un objetivo a neutralizar o, eventualmente, aniquilar” afirmó Antileo.
Asimismo el dirigente mapuche remarcó que el ministro, “demuestra ignorancia al señalar que la OIT es un organismo ideologizado. ¿En qué sentido esto? La tramitación del Convenio 169 se demoró más de una década, precisamente porque tanto la OIT, como este convenio son de carácter tripartito en su elaboración. En ella están presentes los Estados, los representantes de empresas y los representantes de los trabajadores. Por esa razón es que se demoró más de una década en ser redactado, consensuado y aprobado. Por lo tanto, señalar que tiene un sesgo ideológico demuestra ignorancia sobre la materia”.
Finalmente, Antileo sostuvo que Barros ha demostrado no ser interlocutor válido y generar desconfianza para los pueblos originarios, razón por la cuál pidieron su renuncia: “Precisamente, como lo señaló posteriormente y lo corrigió el Presidente de la República y el ministro del Interior, estos tratados y estas leyes están plenamente vigentes y el Estado de Chile los va a respetar. Por esa razón, él ha demostrado incompetencia, no representa un interlocutor válido, perjudica a este gobierno y genera desconfianza de parte de los pueblos indígenas hacia la actual administración. Es por eso que nosotros consideramos que debe dar un paso al costado, y por eso venimos a pedirle la renuncia”.
La polémica de fondo: las declaraciones del ministro Barros
Las declaraciones que motivaron la carta fueron entregadas por Barros en una entrevista, en la que el ministro sostuvo que existen chilenos que reciben un trato distinto por su origen étnico y que eso constituye un “caldo de cultivo de conflicto”, agregando que el Convenio 169, la Ley Lafkenche y otras normas que derivan de esa lógica representan, a su juicio, un riesgo para el país. Consultado sobre una eventual salida de Chile del tratado, el ministro afirmó que “sí, es factible, hay formas de salirse”.
Las palabras generaron un cortocircuito inmediato dentro del propio gobierno. El biministro del Interior, Claudio Alvarado, salió al paso descartando cualquier cambio: en conversación con Canal 13, afirmó que se trata de un tratado vigente que el gobierno de Chile respeta íntegramente. El propio Presidente José Antonio Kast, consultado por Radio Infinita, respaldó parcialmente a su ministro al admitir que existen abusos en la aplicación de la Ley Lafkenche, aunque aclaró que la revisión del Convenio 169 no será una prioridad de su gobierno.
En el mundo académico y político las críticas fueron duras. El académico Salvador Millaleo, en Radio Universidad de Chile, calificó los dichos del ministro como una posición que muestra una gran ignorancia del derecho internacional de los derechos humanos, mientras que la senadora Karol Cariola señaló que, “resulta impresentable e inentendible que un gobierno ponga en duda normas que protegen al Estado en su relación con los pueblos indígenas”.
El contexto: un ministro ya bajo presión
Los dichos de Barros sobre el Convenio 169 no son un hecho aislado. Se producen días después de que estallara otra polémica en torno a su gestión: el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, dio a conocer públicamente un documento de cooperación policial y militar entre ambos países, firmado por el propio Barros apenas 24 horas después de asumir el cargo, en marzo de este año, y que hasta entonces se había mantenido en reserva. El texto compromete la colaboración de las policías chilenas y las Fuerzas Armadas con entidades de inteligencia estadounidenses en el combate al narcotráfico y el llamado “narcoterrorismo”, en el marco de la Conferencia de las Américas contra los Carteles impulsada por Washington.
La revelación generó cuestionamientos transversales por la falta de transparencia del ministro frente al Congreso y a la propia ciudadanía, en momentos en que Estados Unidos presiona a los países de la región para que eleven su gasto militar, para que se sumen a operaciones conjuntas contra el crimen organizado y se salgan de la Corte Penal Internacional.
