Columna de opinión de Fernando Monsalve, abogado expresidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo
La prueba irrefutable del sesgo totalitario tras el Proyecto de Reforma Constitucional N° 18.597-07
Durante meses, una intelectualidad tibia, complaciente y encaramada en los naipes del poder intentó desmantelar cualquier alarma calificando de “caricatura” o “eslogan irresponsable” la etiqueta de ultraderecha aplicada al gobierno de José Antonio Kast. Hoy, con la presentación del proyecto de reforma constitucional en seguridad pública (Boletín N° 18.597-07), las verdaderas intenciones autoritarias y fascistoides han quedado al descubierto, desmintiendo de forma categórica la defensa del centro y confirmando que nos encontramos plenamente ante un régimen de extrema derecha.
¿Qué dicen hoy Eugenio Tironi, Alfredo Joignant, Pepe Auth y otros tantos actores políticos acostumbrados a gravitar en torno al poder cuando la realidad los desmiente de manera tan tajante? Recientemente, en entrevistas y lanzamientos de libros, Tironi y Joignant descalificaron a dirigentes de oposición, particularmente de izquierda y centroizquierda, acusándolos de “deshonestidad intelectual” por catalogar al gobierno de Kast como una administración de ultraderecha. Argumentaban que esa etiqueta era una caricatura, un recurso comunicacional hueco y que este gobierno no había dado demostración alguna de salirse de los márgenes democráticos.
Sin embargo, la historia y la teoría política no engañan. Si bien es innegable el descaro de aquellos sectores que se proclamaron “transformadores” o de centroizquierda y no hicieron más que administrar con temor, salvaguardar las Isapres y sostener los cimientos del modelo heredado pavimentando el camino para que la extrema derecha llegara al poder, aquello no invalida en absoluto la corrección de su diagnóstico actual. Cuando hoy levantan banderas progresistas para denunciar el carácter reaccionario de este Ejecutivo, tienen toda la razón. Quienes deben explicaciones públicas y asumir su error son los Tironi, Joignant, Auth y los defensores de la moderación, cuyas posturas tibias sirvieron de escudo anestésico para enmascarar el avance del proyecto autoritario.
El proyecto N° 18.597-07: La derivación totalitaria y el quiebre del Estado Moderno
El Mensaje N° 134-374 (Boletín N° 18.597-07), firmado por el Presidente José Antonio Kast junto a sus ministros Claudio Alvarado, Martín Arrau, Fernando Barros y José García Ruminot, no deja margen de duda: revela de forma prístina las inclinaciones fascistas y totalitarias del régimen. Bajo la supuesta justificación de combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad nacional y pública, la propuesta introduce atribuciones excepcionales que diluyen la división clásica de poderes.
El aspecto más alarmante de esta reforma es la incorporación del numeral 22° al artículo 32 de la Constitución, que otorga al Presidente de la República la facultad de declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).
Se entrega a la Jefatura de Estado la potestad de juzgar y proscribir agrupaciones. Un Presidente que no requiere ser abogado ni poseer formación jurídica mínima, como lo demuestra la trayectoria de figuras que nunca ejercieron la litigación que ni siquiera se titularon de abogados o derechamente ejercieron otras profesiones. El presidente administrará justicia por vía administrativa. Lo hará, además, sobre la base de un informe del Ministerio Público, una institución sumamente politizada, en profunda crisis, gestora del lawfare en Chile, que filtra investigaciones para perjudicar adversarios y que persigue sin guiarse por la objetividad ni por el arbitrio de tribunales independientes.
A esta arbitrariedad se suma la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública (artículos 42 bis y 43), que faculta al Ejecutivo para suspender o restringir la libertad personal, de locomoción, de reunión y de asociación, así como para interceptar y registrar comunicaciones y documentos por periodos renovables de 120 días bajo la tutela de Mandos Militares. Estas medidas, sumadas a la inhabilitación perpetua para cargos públicos y la pérdida de prestaciones sociales y penas sustitutivas por 15 años, configuran un aparataje de persecución política que busca amordazar a la sociedad civil e hipertrofiar el poder del Ejecutivo.
Para demostrar que no estamos ante un “gobierno conservador tradicional”, sino ante una manifestación genuina de la extrema derecha con rasgos totalitarios e inspiración en el fascismo histórico, he construido el siguiente análisis comparado:
| Régimen / Liderazgo | Concentración del Poder en el Ejecutivo | Afectación a la Separación de Poderes y Garantías | Uso del Excepcionalismo y la Exclusión |
| Benito Mussolini (Fascismo Italiano) | Absorción total del Estado por la figura del Líder Subordinación del aparato público al proyecto autoritario. | Eliminación de la judicatura independiente. La calificación del “enemigo del Estado” se determinaba por vía política y policial. | Creación de tribunales especiales de defensa del Estado, violencia institucionalizada y suspensión permanente de libertades. |
| Francisco Franco (España Franquista) | Asunción de la Jefatura del Estado con poderes omnímodos y legislativos directos bajo el dogma del orden y la patria. | Anulación absoluta de las garantías del debido proceso. Tribunales militares juzgando a civiles y persecución ideológica. | Declaración permanente de Estado de Guerra, proscripción de la disidencia y catalogación del opositor como “anti España”. |
| Augusto Pinochet (Dictadura Civil- Militar Chilena) | Concentración del poder en la Junta Militar y el Ejecutivo unipersonal. Represión estatal estructurada e impunidad | Clausura del Congreso Nacional y avasallamiento del Poder Judicial mediante decretos leyes y estados de sitio. | Terrorismo de Estado, proscripción de la oposición política, campos de concentración y violaciones sistemáticas a DD.HH. |
| José Antonio Kast (Ultraderecha Neoliberal) | Concentración de potestad sancionatoria: Otorga al Ejecutivo la atribución de declarar agrupaciones terroristas (Boletín 18.597- 07). | Bypass judicial: Usurpa el rol de los tribunales apoyándose en el Ministerio Público y el COSENA para catalogar enemigos. | Normalización de la excepción: Estados de seguridad de 120 días, restricción de comunicaciones, reunión y asociación, e inhabilitaciones perpetuas. |
Como demuestra la evidencia histórica, Mussolini, Franco, Pinochet y Kast comparten una misma columna vertebral ideológica: el desprecio por los contrapesos democráticos, la búsqueda de atribuciones excepcionales y absolutistas en la Jefatura de Estado, y la utilización del aparato represivo penal para neutralizar a la disidencia bajo el pretexto de defender el “orden” o la “seguridad”.
Las cartas están sobre la mesa. La reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo no es un ajuste técnico; es el intento deliberado de codificar los gérmenes del fascismo y el totalitarismo en la Carta Fundamental. Concentrar la facultad de declarar organizaciones criminales en el Presidente, restringir libertades individuales por meses sin contrapesos reales y marginar a los tribunales de justicia es la firma inconfundible de la extrema derecha.
Ante esta realidad, la intelectualidad y actores políticos siempre acomodados quedan desnudados en su complacencia. Nos encontramos, fehacientemente y sin espacio para matices edulcorados, ante un gobierno de ultraderecha. Corresponde a la izquierda crítica y a las fuerzas sociales democráticas denunciar este zarpazo liberticida y articular la resistencia política frente a la amenaza totalitaria en marcha.
