La ampliación del uso de tecnologías de vigilancia en Argentina durante los dos primeros años de gobierno de Javier Milei ha servido para ampliar la capacidad de vigilancia, establecimiento de perfiles y represalias del Estado en el país, y ha creado un efecto disuasorio sobre el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
El informe, titulado Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina, documenta la manera en que el gobierno, mediante resoluciones y decretos ejecutivos, ha introducido grandes reformas institucionales para ampliar su capacidad de recopilar información y, por tanto, sus mecanismos de vigilancia. Entre 2024 y 2025, el gobierno adquirió también tecnologías por valor de al menos 1,2 millones de dólares estadounidenses, entre las que se encontraban herramientas de seguimiento de las redes sociales, tecnologías de reconocimiento facial y herramientas de vigilancia aérea. Unidas, estas políticas y tecnologías constituyen un sistema de vigilancia masiva.
“Se está utilizando la vigilancia generalizada contra la población argentina en los espacios tanto físicos como digitales, con efectos devastadores. Estas tecnologías se han convertido en parte integrante de la infraestructura de control estatal: se ha atacado la disidencia, se ha disuadido a los movimientos de protesta y se ha acosado a grupos marginados, entre otras prácticas autoritarias”, ha manifestado Matt Mahmoudi, investigador y asesor sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
“Cuando el poder no quiere rendir cuentas, ataca a quienes hacen preguntas y utiliza cualquier medio a su disposición para vigilar, controlar y reprimir.”
El informe se basa en entrevistas con 21 personas (entre ellas periodistas, activistas, pensionistas, jóvenes y defensores y defensoras de los derechos humanos), en análisis de decenas de documentos de contratación y datos relativos a las tecnologías de vigilancia adquiridas, y en información obtenida mediante peticiones basadas en la legislación sobre libertad de acceso a la información.
Una infraestructura de vigilancia cada vez más amplia
El gobierno argentino ha adquirido diversas tecnologías de vigilancia, incluidas plataformas de información de fuentes abiertas diseñadas para recopilar, verificar y visualizar grandes volúmenes de datos procedentes de redes sociales, sitios web, la web oscura (dark web), datos personales, infraestructura técnica y otras bases de datos públicas.
Las compras incluyen también licencias para software de reconocimiento facial de empresas con un historial de explotación masiva de datos biométricos sin suficiente base legal, así como la adquisición de drones y estaciones de control terrestre con capacidades de rastreo automatizado, cámaras térmicas y transmisión de imágenes en tiempo real.
“Hace ya mucho que han identificado absolutamente a todo el mundo [….] A veces, cuando caminas, llegas a [donde estés yendo] y de repente ves el dron en el aire justo sobre tu cabeza. A veces a un par de metros. ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué es tan invasivo?”, dice Ana Tapia, integrante del colectivo Jubilados Insurgentes.
En Buenos Aires, cada miércoles tiene lugar una marcha de pensionistas hasta el Congreso Nacional para protestar contra los recortes de las pensiones realizados por el gobierno de la nación.
El informe documenta el impacto directo que esas capacidades de vigilancia está teniendo en diversos grupos, incluidos periodistas, activistas y migrantes. En él se concluye que algunos se estaban autocensurando en las redes sociales y los espacios públicos, reduciendo su participación en protestas por miedo a ser identificados y tomados como objetivo, y tomando más precauciones en la planificación de actividades públicas.
Oleada global de tecnoautoritarismo
Amnistía Internacional ha documentado el abuso y el uso indebido de este tipo de tecnologías en todo el mundo. La adquisición y ampliación por parte de las autoridades argentinas de vigilancia basada en la inteligencia artificial refleja una tendencia global en la que el uso de estos productos por parte de los Estados incentiva a las empresas a emprender negocios que comercializan la vigilancia en gran escala. Si se unen estos elementos, se agrava el riesgo para derechos como el derecho a la privacidad, la igualdad y la no discriminación, la libertad de expresión y la de reunión pacífica, al tiempo que se reprimen la transparencia y la libertad de información.
“Lo que está sucediendo en Argentina no es un hecho aislado. En todo el mundo, los Estados que implantan prácticas autoritarias están aumentando su uso de las tecnologías de vigilancia contra personas que defienden los derechos humanos, jóvenes, migrantes, grupos marginados y desplazados, y disidentes. Demasiado a menudo esto va acompañado de una falta de supervisión, transparencia y rendición de cuentas”, ha declarado Matt Mahmoudi.
Amnistía Internacional pide a las autoridades argentinas que prohíban el desarrollo, la producción, la venta y el uso de tecnologías de reconocimiento biométrico remoto para una vigilancia discriminatoria tanto masiva como específica, y que prohíban el uso ilegal de estas tecnologías por parte de todos los actores públicos y privados.
Además, las autoridades deben adoptar medidas reguladoras adecuadas para la adquisición, el desarrollo, la producción, la venta, la importación y la exportación de tecnologías de vigilancia, y deben especificar marcos de política pública para su uso.
“Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utiliza sin control y que los responsables de abusos contra los derechos humanos perpetuados por estos sistemas rinden cuentas de sus actos”, ha manifestado Matt Mahmoudi.
