Además, cuatro de cada diez empresas declara tener dificultades para asumir los costos de la jornada de 42 horas.
- El 21% de las empresas trasladará el aumento del salario mínimo a precios (+5 puntos) y el 30% solicitó crédito bancario para sostener su operación (+5 puntos).
La medición del Termómetro Pyme correspondiente a julio de 2026 —aplicada a 2.078 Mipymes de la comunidad empresarial PROPYME y analizada por DefensaDeudores.cl— muestra un retroceso en varios indicadores de cumplimiento financiero, en paralelo a una creciente preocupación por el costo laboral. Del total de respuestas, el 81% corresponde a microempresas (1 a 9 trabajadores), el 17% a pequeñas empresas, el 2% a medianas y no se registraron respuestas de grandes empresas, reflejando principalmente la realidad del segmento más pequeño del tejido empresarial.
La señal más marcada proviene del incumplimiento previsional: el 29% de las Mipymes reconoce no haber pagado oportunamente las cotizaciones de sus trabajadores durante el último mes, 6 puntos más que en la medición anterior, la mayor alza registrada entre los indicadores de cumplimiento.
“Que el no pago de cotizaciones vuelva a subir con esta fuerza es una señal de alarma, porque no es un ajuste contable: es el trabajador quien termina absorbiendo el costo de la falta de liquidez de la empresa. Cuando este indicador se dispara, generalmente anticipa un deterioro más amplio en los meses siguientes”, señala Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.
Este escenario adquiere especial relevancia considerando que desde este mes la Tesorería General de la República (TGR) inició la cobranza de las cotizaciones previsionales impagas. La medida incorpora un nuevo mecanismo para perseguir estas deudas, por lo que su implementación podría traducirse en una mayor presión sobre la liquidez de aquellas Mipymes que mantienen obligaciones previsionales pendientes y que deban regularizarlas mediante procesos de cobranza o convenios de pago.
En este sentido, Rodrigo Bon, Director Ejecutivo de PROPYME señala “estamos muy preocupados por el rol protagónico que tendrá la Tesorería General de la República en la detección de deudas y cobranza prejudicial usando datos cruzados desde el SII y la Dirección del Trabajo. Dado al actual escenario que atraviesan las Empresas de Menor Tamaño de cara a sus deudas previsionales y tributarias, sin duda habrá que estar muy atentos e ir monitoreando la forma en que se realizan estas acciones de cobro; ya que desde nuestra perspectiva esto aumentará los índices de informalidad, quiebras y desempleo”.
En el plano laboral, el 42% de las empresas afirma que la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales (Ley 21.561) le significa un problema, 3 puntos más que el mes anterior, profundizando la tendencia al alza registrada desde mayo. A esto se suma el ajuste frente al aumento del salario mínimo: el 21% de las Mipymes trasladará el alza a los precios de sus productos o servicios (+5 puntos), mientras baja de 27% a 23% quienes dicen que absorberán el alza con menor margen de ganancias. El 16% de las empresas mantendrá su dotación actual de trabajadores —retrocede levemente desde el 17% del mes anterior— y el 11% evalúa despedir trabajadores, sin variación. Ninguna empresa declara que contratará más personal producto de este ajuste.
“Lo relevante es que el ajuste ya no se está absorbiendo con márgenes: cada vez más empresas optan por traspasar el costo a precios. Eso es una noticia económica en sí misma, porque significa que la presión de costos laborales empieza a trasladarse hacia la inflación que paga el consumidor final, no solo hacia la rentabilidad de la pyme”, explica Ibáñez.
En materia de financiamiento, el 30% de las Mipymes solicitó crédito bancario durante el último mes, 5 puntos más que en la medición previa, mientras el uso de factoring subió a 16% (+1 punto). El porcentaje de empresas con deudas vigentes con la Tesorería General de la República (TGR) se mantiene en 39%, y la inyección de recursos personales para financiar la operación se mantiene en 68%.
Desde el punto de vista comercial las empresas reportaron una baja de 2 puntos en sus ingresos entre junio y julio; registrando su mayor caída en lo que va del 2026. Ante estas cifras, el fundador de PROPYME argumenta que “entre los diversos datos obtenidos la principal alerta sigue siendo el desplome en las ventas ya que estamos hablando de la restricción de la demanda. El pasar de un 41% a inicios de año a un 62% a julio nos deja un incremento de un 21% lo cual expone la fragilidad financiera de las Mipymes”.
En cuanto a los plazos de pago de clientes, el 53% señala que le pagan a 30 días, 16% a 45 días y 16% a 60 días; un tercio de las empresas (33%) declara que estos plazos han aumentado durante el último año, frente a un 20% que dice que han disminuido.
El Termómetro Pyme de julio también incorporó consultas relacionadas a la contingencia parlamentaria en donde las Mipymes expresaron sus percepciones sobre el impacto que tendrán en sus empresas los proyectos de ley de “Reconstrucción Nacional” y “Sala Cuna Universal”.
De cara al Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional un 32% dice no conocer la iniciativa, un 15% cree que lo beneficiará y un 16% declara que lo perjudicará. Sobre la Ley de Sala Cuna Universal, el 28% no conoce el proyecto, un 35% estima que no tendrá impacto en su negocio y un 12% anticipa un perjuicio. En ambos casos, cerca de dos de cada diez empresas (19% y 18%, respectivamente) señala no tener claro aún el impacto.
