Por Javier Alonso Albornoz
Miembro Comisión Política PC
Hay gobiernos que administran. Y hay gobiernos que intentan rehacerlo todo. El encabezado por José Antonio Kast pertenece a estos últimos. No lo esconde: un paquete amplio de reformas económicas busca reordenar el modelo desde sus bases. No es solo gestión. Es una apuesta.
El problema no es la magnitud, sino la dirección que lleva. Y, sobre todo, la ilusión que intenta instalar: que este proceso puede ser duro en lo económico, pero sensible en lo social. Que habría “corazón” en el diseño.
La radicalización neoliberal implica profundizar un modelo donde el mercado organiza la vida social. Menos Estado en derechos básicos, más espacio al capital, menos regulación del trabajo. No es nuevo en Chile, pero sí más intenso.
Las cifras hablan: reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, recortes a programas como la franquicia SENCE —que moviliza cientos de millones de dólares—, incentivos a la inversión y ajuste del gasto fiscal. No son medidas aisladas: responden a una lógica coherente.
El relato es conocido: crecimiento, empleo, inversión. En un país donde la economía es prioridad, suena convincente. Pero una promesa de crecimiento no asegura bienestar.
La pregunta es otra: ¿quién paga? Menos recaudación y más incentivos implican traslado de costos. El Estado retrocede y la sociedad absorbe. El alza del costo de la vida ya entrega señales.
El impacto más directo se da en el trabajo: flexibilización, debilitamiento de la capacitación y reducción de costos laborales. Más empleo, eventualmente, pero más frágil.
Aquí se instala la idea más peligrosa: que todo esto podría hacerse con sensibilidad social. Pero la política económica no se mide por intenciones, sino por efectos. Y un diseño que reduce derechos y expone la vida al mercado no protege a quienes dependen de esos derechos.
El carácter refundacional es evidente. Se busca redefinir el rol del Estado y reorganizar la relación entre capital y trabajo. Pero toda refundación redistribuye poder. Y esa redistribución no es neutra.
La historia es clara: estos procesos generan tensiones. Pueden iniciar con dinamismo, pero si la desigualdad crece y la protección disminuye, el malestar emerge.
La tempestad no está en el discurso. Está en la estructura. Menos Estado. Más mercado. Más incertidumbre para las mayorías. La pregunta final ya no es técnica, es política: ¿puede un modelo que mercantiliza derechos garantizar dignidad? Si la respuesta es no —y todo indica que lo es—, entonces no estamos ante un error de ejecución, sino ante una decisión de rumbo.
