El asalto contra la gratuidad universitaria inauguró su fase más agresiva. La Tercera y El Mercurio operan como vanguardia intelectual de la derecha. Preparan el terreno cultural para justificar la motosierra institucional de José Antonio Kast. A diez años de esta conquista popular la oligarquía despliega una ofensiva brutal para despojar a la educación de su carácter emancipador.
La lectura del reportaje a doble página publicado este sábado por el periodista Roberto Gálvez revela el nivel de impudicia del bloque de poder. Titularon el texto “10 años de la gratuidad, 1,5 millones de beneficiarios, 485 mil titulados”. El aparato mediático ejecuta su trampa estadística a plena luz del día para instalar la idea del despilfarro. El propio cuerpo de la noticia confiesa el montaje. Reconocen en la página doce que los alumnos en condiciones de titularse alcanzan apenas los ochocientos cincuenta mil. El resto de esa juventud de clase trabajadora sigue hoy estudiando en las aulas. Mienten con un titular catastrófico para incendiar la opinión pública y susurran la verdad en la letra chica. Utilizan esta mentira fabricada para dictar su sentencia ideológica dominical bajo el editorial principal titulado “Una década de gratuidad en educación superior” y así justificar el recorte fiscal.
La hoja de cálculo como arma y el mito del déficit
El editorial de La Tercera utiliza la contabilidad para aniquilar la política. Califican la gratuidad de “barril sin fondo”. Citan informes de Acción Educar estimando un déficit de 780 millones de dólares para convencer a la ciudadanía del fracaso del sistema. Disfrazan de responsabilidad fiscal un ataque ideológico despiadado. Toca pulverizar este chantaje con matemáticas simples. Ese número representa un vuelto de panadería al compararlo con el saqueo tributario de los súper ricos. La evasión y elusión corporativa en Chile supera los 10 mil millones de dólares anuales. El verdadero déficit radica en el egoísmo del gran capital y jamás en el gasto social.
La derecha miente con la calculadora en la mano.
El modelo necesita culpar al individuo para absolver al sistema. El asedio despliega un cinismo brutal al utilizar la deserción como excusa para el recorte. Los especuladores de la educación transforman el agotamiento del estudiante precarizado en un delito contable. Ignoran las causas estructurales. La deserción popular responde a la asfixia material de las familias y a la segregación del sistema escolar. La trampa queda en evidencia al mirar la realidad internacional. Según los informes de la OCDE el promedio de titulación en el tiempo teórico en los países desarrollados alcanza apenas un 43%. En democracias como Finlandia o Alemania cambiar de carrera constituye un derecho natural de exploración vocacional. En Chile la derecha criminaliza a la juventud para justificar la motosierra fiscal.
El retorno del ciudadano endeudado y la captura estatal
El núcleo del proyecto restaurador aparece explícito en el editorial de La Tercera titulado “Una década de gratuidad en educación superior”. El texto exige complementar el financiamiento con “mecanismos que en el pasado contribuyeron a ampliar notablemente el acceso”. En el dialecto financiero esto significa revivir el Crédito con Aval del Estado. Prefieren la deuda familiar. La derecha camufla su ideología de clase bajo una falsa neutralidad técnica. El gobierno actúa como juez y parte. La ministra María Paz Arzola decreta el fracaso del sistema en el reportaje de Roberto Gálvez. Valida su decisión utilizando los estudios que ella misma redactó durante su etapa como investigadora de Libertad y Desarrollo.
Resulta imperativo confrontar esta exigencia con el estándar internacional. En los países europeos el gasto educativo superior recae sobre el Estado. En Chile ocurre la anomalía opuesta. El proyecto restaurador y sus aparatos ideológicos exigen profundizar una asfixia neoliberal para garantizar el funcionamiento de las universidades como máquinas de extracción de rentas. Buscan convertir al estudiante en un rehén vitalicio de la banca. El miedo a la precariedad opera como el gran disciplinador social para sofocar cualquier rebelión juvenil. El ciudadano endeudado pierde su capacidad de insubordinación.
Defensa de derechos o sumisión empresarial
La universidad pública representa un peligro existencial para las élites al forjar el pensamiento crítico. Quebrar el relato de fracaso impuesto por este latifundio mediático constituye nuestra primera línea de defensa. Permitir el regreso de los mercaderes al templo del saber constituirá una claudicación histórica. Defender la educación pública significa defender la viabilidad de Chile como nación soberana frente a la dependencia extranjera. Las aulas chilenas costaron demasiada sangre y marchas para entregarlas dócilmente a la motosierra del capital financiero. Defenderemos lo conquistado con los dientes. En esta pasada nos jugamos el futuro de Chile.
Jean Flores Quintana, Observatorio de Medios ICAL
