El mes de enero estuvo marcado por una serie de resoluciones judiciales relevantes en materia de derechos humanos, reparación a víctimas, causas vinculadas a la dictadura, el estallido social y delitos comunes, además de hitos institucionales ligados a la memoria y la búsqueda de personas desaparecidas.
Uno de los hechos más significativos ocurrió el 2 de enero, cuando la Corte Suprema dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Vega González vs Chile”, eliminando la aplicación de la llamada media prescripción a condenados por crímenes de lesa humanidad. Con ello, el máximo tribunal dejó sin efecto las rebajas de penas a violadores de derechos humanos y estableció que la edad de los condenados no puede ser un obstáculo para el cumplimiento efectivo de las sanciones, afectando a 14 causas vinculadas a delitos cometidos durante la dictadura.
Ese mismo día, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó a 40 millones de pesos la indemnización que el Fisco deberá pagar a Marcelo Forné González, detenido y torturado por Carabineros en 1983 durante una jornada de protesta nacional.
El 5 de enero, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó las condenas por secuestros y homicidios calificados perpetrados en Ñuble entre septiembre y diciembre de 1973. En fallo unánime, se ratificaron dos penas de 15 años y un día de presidio efectivo contra el exteniente de Carabineros Patricio Jeldres Rodríguez, además de condenas accesorias y una indemnización civil total de 1.970 millones de pesos para familiares de las víctimas.
En la misma fecha, el Decimotercer Juzgado Civil de Santiago ordenó al Fisco pagar 20 millones de pesos a las hermanas de María Bustillos Cereceda, detenida desaparecida en 1974 tras su paso por Villa Grimaldi.
Durante el mes, distintos tribunales también resolvieron múltiples causas de reparación. El 6 de enero, se condenó al Estado a indemnizar con 60 millones de pesos a Elías Montesinos Yáñez, detenido y torturado por la PDI y la CNI en 1988. Posteriormente, el 7 de enero, la Corte de Santiago fijó otra indemnización de 60 millones de pesos para José Soto Chávez, estudiante torturado en una unidad militar y en el Estadio Nacional en 1973.
En paralelo, la justicia también abordó causas contemporáneas. El 5 de enero, el Cuarto TOP de Santiago condenó a 5 años y un día de presidio a Tomás González Quezada por porte y lanzamiento de bombas molotov en el contexto del estallido social. Sin embargo, el 13 de enero, el mismo tribunal absolvió al ex carabinero Claudio Crespo en la causa por el disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica, aplicando la Ley Naín Retamal, pese a que se acreditó su autoría.
El director del INDH, Yerko Ljubetic, advirtió que esta decisión deja sin sanción un hecho de alta gravedad y genera preocupación respecto del futuro de cientos de causas por vulneraciones de derechos cometidas por agentes del Estado durante la crisis social, que dejó 464 personas con traumas oculares.
En el ámbito institucional, el 15 de enero se conmemoraron los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad en un acto realizado en el Palacio de La Moneda, destacando su rol fundamental en la defensa y registro histórico de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1973.
Asimismo, el 22 de enero, ministros del Poder Judicial sostuvieron una reunión con la representante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas, entregando información sobre causas vigentes y el rol del Estado en el marco del Plan Nacional de Búsqueda.
El 23 de enero, el ministro en visita Álvaro Mesa condenó a oficiales en retiro de Carabineros por detenciones ilegales y apremios ilegítimos contra postulantes en Temuco en 1974, junto con una indemnización civil de 120 millones de pesos. Ese mismo día, el ministro de la Corte Suprema Mario Carroza cerró su ciclo de trabajo con la mesa intersectorial de búsqueda de personas desaparecidas, destacando la continuidad del esfuerzo estatal e institucional.
A nivel internacional, el 27 de enero se informó la detención en Estados Unidos del ex agente de la DINA Armando Fernández Larios, implicado en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier y vinculado además a causas por violaciones a los derechos humanos en Chile.
Finalmente, el 31 de enero se dio inicio al ciclo de conversatorios “Defendiendo los Derechos Humanos” del Sitio de Memoria FASIC, con la participación de figuras como Osvaldo Torres, Lorena Fries y Nelson Caucoto, reforzando el debate público y la memoria histórica.
