A la sala del Senado se llevó el proyecto de ley que busca otorgar un cumplimiento alternativo de condena a personas mayores de 70 años o para quienes presenten problemas de salud o discapacidad.
El proyecto impulsado por parlamentarios de derecha ha sido rechazado dos veces anteriormente porque beneficia no solo a criminales de lesa humanidad sino también a condenados por delitos comunes.
El problema radica, planteó la senadora Claudia Pascual, en que a los violadores de derechos humanos, “se suma gente que puede ser del crimen organizado, condenados por narcotráfico, homicidas, violadores y abusadores sexuales de niñas, niños y adolescentes, parricidas, femicidas”.
La moción además estaría infringiendo el Estatuto de Roma y lo señalado por la Corte Interamericana de DDHH en el caso de los criminales de lesa humanidad, agrega Pascual, dado que para solicitar una rebaja de penas deben cumplir una serie de requisitos:
“Parece una estrategia coordinada”, expresó respecto a lo coherente que resulta la insistencia en el proyecto con lo dicho por el presidente electo -José Antonio Kast- durante la campaña presidencial: “Si el Parlamento aprueba leyes, no puedo ir en contra de las leyes”, acota.
Respecto al trato humanitario invocado por sus promotores, la senadora del PC contrastó la importancia de mejorar la política carcelaria y no revictimizar a quienes sufrieron las violaciones de DD.HH y sus familias con este tipo de propuestas.
Fondos y función pública
En materia de la política del Estado, la senadora del PC se refirió a las últimas expresiones de la contralora, Dorothy Pérez, sobre los fondos de emergencia, poniendo en una disyuntiva la disponibilidad de cubrir o el reajuste del sector público, o la emergencia de los incendios en el centro sur del país.
“La contraloría habla por sus fallos”, puntualizó Pascual sobre las tareas del órgano y de su rol fiscalizador.
“Me pareció bastante extraño que estando el Consejo Fiscal Autónomo CFA opinando sobre la ley de reajuste manifestara opiniones”, acotó sobre la intervención de la contralora y a su vez, su preocupación por la emisión de pronunciamientos previos a la ley.
Respecto a la ley de reajuste que no consideró la legítima confianza, la senadora se refirió al tono del debate que puede alimentar una animadversión a la función pública.
En esa línea, criticó lo efectivo de la campaña comunicacional de la derecha en el último tiempo que ha querido golpear, sostuvo, todo lo público y denostar a los trabajadores del Estado:
“Decir que son todos funcionarios de este gobierno es mentir descaradamente”, dijo también a propósito de abordar debidamente el problema de la contratación precarizada del sector público.
