Por Gonzalo Gajardo Vistoso
“El viejo mundo se muere.
El nuevo tarda en aparecer.
Y en ese claroscuro surgen los monstruos”
Antonio Gramsci
Un breve análisis de prensa referido al caso de la desaparición de Julia Chuñil, lideresa ancestral y ecologista de la región de Los Ríos, revela un inquietante panorama de desigualdad informativa y ausencia comunicacional en la agenda nacional. La responsabilidad de aquello no sólo atañe a los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos más importantes y prestigiosos, sino también al Estado y a sus aparatos jurídico y de comunicación política.
En dicho ejercicio, se identificaron 28 piezas informativas verificadas en total. A continuación, se incluyen las principales fuentes:
Fuente; elaboración propia
Se advierten significativas brechas y vacíos en términos de; falta de cobertura de los medios escritos y televisivos y asimetría informativa respecto de otros casos de desaparición y delitos de alta connotación pública.
El caso, pese a sus implicancias sociales y políticas, tampoco fue objeto de investigación periodística sostenida y profunda, que facilitara la circulación de la conversación en el espacio público. Sólo algunos pocos hitos – provenientes principalmente de la prensa digital marginal – marcaron la diluida pauta.
En términos territoriales, evidentemente las referencias al caso se dieron en Santiago, con escaso o nulo eco en la actividad noticiosa en regiones como Biobío o incluso en Los Ríos, lugar de los hechos. El caso no logró instalarse como un tema de seguimiento diario en la prensa central, a pesar de la gravedad y el tiempo prolongado de desaparición.
La escasa preocupación mediática, se centró más en lo jurídico y doméstico, que en su trasfondo de conflicto socio ambiental y de Derechos Humanos.
Cabe destacar que el artículo 9°, inciso 3° del Acuerdo de Escazú (2022), suscrito por Chile, señala;
“Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.” (CEPAL, 2022, pág. 30)
Interpretando lo arriba señalado; la responsabilidad del Estado no se limitaría sólo a lo judicial, sino se extendería también al ámbito comunicacional dado el compromiso recaído sobre materias de Derechos Humanos y Ambientales de interés público.
La desaparición – al parecer forzada – de Julia es brutal. No sólo por el macabro hecho, sino por el tratamiento mediático discriminatorio. En clave de hegemonía; la lábil gubernamentalidad comunicacional, se correlaciona con la invisibilización – silencios y omisiones cotidianas – surgida desde el poder monopólico de la prensa chilena.
La brutalidad material se extiende así simbólicamente al campo del sentido común, la desaparición física de Julia trasunta así en despreocupación e ignominioso olvido. Más aún; la invisibilidad torna inexistente el antagonismo fundamental que se incrusta en el ADN de esta terrible muerte; la confrontación entre el socio metabolismo predatorio del Chile actual y nuestra Biósfera, con los seres humanos en su centro.
Chile es un país en riesgo ecológico global, cumple con 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad establecidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CMNUCC; inundación, desertización, desforestación, vulnerabilidad frente a desastres y amenazas socio naturales, sequía, contaminación, fragilidad ecosistémica. Condición crítica frente a un escenario de cambio climático que prevé un alza de la temperatura entre 1.5° y 2° C entre 2035 y 2065 (MMA, 2021, pág. 20).
En medio de este prospecto climático, cunde la conflictividad socio ambiental y productiva en el país (Gajardo, 2019, pág. 7). Al momento se cuentan 131 conflictos distribuidos en las macrozonas del país (norte, centro y sur). 37% de ellos se corresponden con el sector energía, 26% en minería, 8% en saneamiento ambiental y 30% en otros sectores. 34% de los conflictos se circunscriben a territorio indígena y 28% afecta a personas con nivel de pobreza en el tercer quintil (INDH, 2025).
Se suma también, una tendencia – poco estudiada aún – de progresivo desplazamiento y expulsión (Sassen, 2015. Gajardo, 2019) de comunidades, producto del agresivo emplazamiento de actividades extractivas y gentrificadoras empujadas por fuerzas transformadoras globales principalmente financieras.
En el mundo, y particularmente en la cuenca Andina, se experimentan corrientes migratorias de desplazados a causa de la violencia y el cambio climático. Los estados empobrecidos e impotentes ceden ante fuerzas paramilitares y narco terroristas que ocupan vastas tierras, despojando y desposeyendo pobres, implantando monocultivos y faenas mineras de exorbitante escala, en directas tratativas con corporaciones globales.
Corona el panorama, un cesarismo global neocolonialista representado por los EE.UU. de Donald Trump, que incentiva la producción y uso de combustibles fósiles, la reducción de la protección ambiental y la sobre explotación de recursos naturales, no sólo en sus fronteras sino también en otras regiones, con recortes a la investigación científica y peor aún; empleando sistemáticamente la Censura Climática, proscribiendo importante terminología científica y técnica de rigor como: Cambio Climático y Contaminación de las publicaciones gubernamentales.
Vivimos en una red global de devastación biosférica (Sassen, 2015), conformada por tierras, aguas y personas muertas repartidas por la faz del mundo. Una realidad que emerge desde la década de los ochenta y se acrecienta frenética hacia la década del dos mil, a la par del desmantelamiento del bienestar y de un proceso de acumulación – predatorio post keynesiano – nunca visto en la Historia humana, donde el 60% de la riqueza es acumulada por el 1% de la población mundial (Díaz, 2018)
La brutalidad no es sólo violencia desatada, es abstracción y horror inenarrable. Brutalidad, expulsión y devastación constituyen apreciaciones (sin vuelo teórico aún) de un proceso en ciernes al filo del sistema (Sassen, 2015), ese filo está constituido de diferente manera para la economía, la biósfera y lo social (Sassen, 2015, pág. 237)… un proceso tan extremo que se vuelve invisible a nuestras categorías establecidas de análisis (Díaz, 2018, págs. 14, 18).
En términos sociales, la brutalidad es lo inmanifiesto, lo no dicho. Aquello que la civilidad no puede nombrar por carecer de aparato crítico al efecto. Y no es por falta de cognición, sino por saturación de dominación en la esfera pública. Pero esta saturación paradojalmente viene de la mano de la ausencia conceptual comunicativa desde los medios y desde el Estado.
Referencias
CEPAL. (2022). Acuerdo de Escazú. En CEPAL (Ed.), Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia. Santiago del Chile.
Díaz, F. (abril de 2018). Sobre expulsiones. (E. d. Chile, Ed.) ARQ revista de arquitectura PUC Chile. doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962018000100014
Gajardo, G. (2019). Desplazamiento de la subjetividad en una bahía de sacrificio. Pérdida de lugar de la comunidad artesanal S24 en el litoral de Quintero, Región de Valparaíso. (M. e. regionales, Ed.) Viña del Mar, Chile: Universidad Viña del Mar. Facultad de Arquitectura.
INDH. (2025). Mapa de conflictos socio ambientales en Chile. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Obtenido de https://mapaconflictos.indh.cl/#/
MMA. (2021). Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile: Camino a la carbono neutralidad y resiliencia a más tardar al 2050. Ministerio de Medio Ambiente, Oficina de Cambio Climático. Santiago de Chile: Gobierno de Chile. Recuperado el 2025, de https://cambioclimatico.mma.gob.cl/estrategia-climatica-de-largo-plazo-2050/
Sassen, S. (2015). Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía globlal. Madris, España: Katz Editores.
