Semanas atrás y con amplio respaldo, comunidades de diferentes pueblos originarios entregaron una carta a las candidaturas presidenciales donde rechazan las modificaciones a la Ley Lafkenche que hoy se discuten en el Senado, señalando su importancia en el resguardo de sus derechos ancestrales en línea con el estándar internacional.
El proyecto que modifica la ley fue aprobado en general y el plazo para introducir indicaciones será hasta el 4 de septiembre.
David Alday, integrante de la Comunidad Indígena Yagán de Cabo de Hornos en la Región de Magallanes, lamentó la orientación de la modificación la cual ha estado acompañada de una ofensiva comunicacional por parte de parlamentarios y representantes del empresariado.
“No es que regale la costa a una comunidad o asociaciones indígenas. Esto se hace de forma ordenada a través de un plan de administración donde entran todos los actores del territorio, concesiones ya dadas no se pueden quitar a gente que esté ejerciendo la pesca”:
En esa línea, Alday citó la respuesta que emitieron los pescadores artesanales de Magallanes el lunes 11 de agosto rechazando adherir a las manifestaciones convocadas por la industria salmonera en relación al plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar.
“No quisieron adherir porque ellos entienden muy bien y aquí hay un paréntesis en la Patagonia, donde se entiende lo que tenemos: nuestra verdadera riqueza que no se destruye para hacer plata”, expresó.
El joven integrante de la comunidad originaria explicó la importancia de los Espacios Marinos Costeros de los Pueblos Originarios Emcpo. “El corazón de la ley lafkenche tiene el único fin la protección y volver al uso consuetudinario”, dijo respecto a esa figura:
Los Emcpo son entregados por un tiempo indefinido en administración a una comunidad o a una asociación de comunidades indígenas, siempre y cuando no existan derechos constituidos por terceros en dicha área, evitando así las superposiciones.
Esa etapa que es vista por la Subsecretaría de Pesca y Conadi, pasa luego a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero o CRUBC, instancia que ha sido cuestionada por incurrir en deficiencias técnicas y jurídicas al tratarse de un espacio de representación local e institucional donde muchas veces priman intereses particulares.
Más aún, dentro de las propuestas invocadas en el Senado, algunas apuntan a limitar el área solicitada por las comunidades y generar períodos de pausa de solicitudes ECMPO para dar cabida a otras solicitudes de derecho costero, lo cual no se condice con el espíritu mismo de la ley.
“Hemos tenido bastante experiencia con esto dentro de nuestra comunidad. Hemos tenido dos solicitudes a través de la ley lo que nos ha sido muy difícil poder llevar a buen puerto”, acotó Alday.
Respecto a las salmoneras que figuran como una de las principales detractoras de la ley, -hablando incluso de expropiación del espacio marino por parte de las comunidades y del aprovechamiento de activistas- un tema clave ha sido el de las relocaciones de sus concesiones para que dejen espacios considerados como reservas naturales, que en el caso de Magallanes está la Reserva Nacional Kaweskar y el Parque Nacional Alberto de Agostini.
“Creo que se toma muy a la ligera conservar lugares como la Patagonia y no es deber de nosotros, señala:
“En Chile hay una responsabilidad tremenda con los espacios a resguardar. No se ha efectuado una verdadera relocación de la acuicultura que están de forma irresponsable dentro de lugares protegidos como la Reserva Kaweskar. Pudimos sacarlos de Agostini y se hace un esfuerzo desde las comunidades, pero no veo uno desde la autoridad”, observó el integrante de Comunidad Yagán de Cabo de Hornos:
“Creo que va a ser un debate largo”, consideró respecto a la tramitación legislativa, pero “el primer error es no tener la voz de quienes viven en estos espacios”.
“Vamos a seguir trabajando. Hay mucha fuerza de las comunidades y que la gente entienda y se sume a esta demanda que nos favorece a todos”, precisó David Alday.
