Entre el 13 y el 30 de agosto, se realizará la primera consulta indígena referida a una de las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Paz y el Entendimiento, instancia que reunió en los últimos años a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para abordar una salida institucional al histórico conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche.
La aplicación de este derecho de los pueblos originarios que mandata el Convenio 169 de la OIT, tendrá como tema capital el nuevo sistema de tierras que propone la Comisión y que se ejecutará en las regiones del Bío-bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Fabián Salas, Encargado Nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión, planteó que han apelado a una amplia convocatoria no solo de las comunidades y organizaciones inscritas en Conadi que suman más de 4 mil y cerca de 1900 respectivamente, sino también “a todas las organizaciones tradicionales que sean representativas de los pueblos indígenas”:
La logística de la consulta estará a cargo de la Unidad de Seguimiento de la CPPYE del Ministerio del Interior, mientras que el proceso de ejecución de la consulta será vista por la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas UCAIA dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
En ella, también participa un conjunto de ministerios al igual que las delegaciones presidenciales de las cuatro regiones y los encargados regionales del Plan Buen Vivir.
Una demanda histórica
El sistema de tierras propuesta por la Comisión no deja de estar exento de críticas, siendo uno de los puntos álgidos por el cual varias organizaciones y comunidades ancestrales mapuche se han declarado en contra.
La propuesta plantea, por una parte, un plan institucional y de financiamiento cifrado en 4 mil millones de dólares para acelerar la entrega de tierras a cientos de comunidades a la espera de la aplicación de ese derecho y más de 1.200 que aguardan por el reconocimiento.
Actualmente, la demora para la entrega efectiva fluctúa entre 20 y 25 años y se estima que la duración total del proceso para algunas demandas podría extenderse incluso hasta 186 años.
Por otro lado, la iniciativa contempla entregar un poco más de 377 mil hectáreas e introducir un nuevo sistema para la tenencia de la tierra donde podrán celebrar contratos de usufructo, arrendamiento, mediería, entre otros, sobre tierras de comunidades y de personas individuales mapuche bajo ciertos requisitos:
El werken de la comunidad del lof Pepiukelen de la Región de Los Lagos, Francisco Vera Millaquen, cuestionó la legitimidad de la instancia y de las propuestas, en particular, la referida a la demanda histórica de tierras que se invalidada con las citadas recomendaciones:
El abogado José Aylwin, abogado especialista en derecho indígena y colaborador en calidad de experto de la CPPYE -no así de sus recomendaciones- indicó que la situación jurídica de las tierras indígenas se sometió a intensa discusión donde no faltaron las propuestas por la total liberalización, idea que claramente va en perjuicio de ese derecho inalienable:
Sin embargo, si bien se contemplaron precauciones para evitar contratos abusivos en las condiciones de mera tenencia, Aylwin señaló que “claramente la experiencia del pasado da cuenta que contratos de larga duración pueden generar un detrimento al control que, tanto las personas como las comunidades que pueden celebrar ahora estos contratos, tienen sobre las pocas tierras que son de su propiedad”.
Contrariamente, Salas precisó que los contratos de mera tenencia no permiten transferir la propiedad y, de ese modo, “se mantiene inalterable la inalienabilidad de la tierras indígenas”:
Dos naciones
Otro de los puntos controversiales no solo de las propuestas sino de la legitimidad de la Comisión ha sido la no consideración en las consultas de toda la población mapuche que habita, más allá, de las cuatro regiones contempladas.
Marisol Trureo, vocera política de Trawun Pikunche Tapihue Koyagtun, instancia que integra una importante cantidad de comunidades y organizaciones mapuche de la Región Metropolitana, apuntó a que la población del pueblo ancestral reconocida como tal, actualmente bordea el 1.700.000 de personas en Chile.
“El Estado supuestamente dialoga con el pueblo mapuche, pero en verdad dialoga consigo mismo al tener entre sus representantes políticos mapuches funcionales -decimos nosotros- que no son reconocidos por nuestras comunidades ancestrales”.
“Si nos basamos en Tapihue Koyagtun de 1825 tenemos nuestro reconocimiento desde nuestra parte donde se reconocen dos pueblos, dos naciones. No necesitamos que eso ocurra en la Constitución, necesitamos que el Estado chileno ratifique el Tratado de Tapihue”, indicó la representante:
“Paradojalmente el informe hace referencia a la importancia que tuvo este parlamento celebrado por el Estado chileno con el pueblo mapuche que reconoció su territorialidad y su autoridad sobre las tierras al sur del Bío-Bío como un hito importante en la historia de la relación entre el pueblo mapuche y el Estado”, acotó José Aylwin sobre Tapihue. Sin embargo, advirtió que no figuró en las recomendaciones de la Comisión, pese a que el mandatario remarcó su importancia:
“En mi opinión se desaprovechó una evidente oportunidad y se habría hecho justicia con un reconocimiento, al menos, simbólico de Tapihue”, expresó.
La consulta
A inicios de Julio Tapiwe Trawun Pikunche koyagtun y la Coordinadora Willy Lafken Weichan presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Presidente de la República, a propósito de la Comisión.
En ella se señala que ha existido una intención de exclusión en su proceso lo que “se perfecciona con las declaraciones en Cuenta Pública del Presidente de la República de fecha 1° de junio del 2025”.
Si bien el recurso fue rechazado, en sus peticiones indican que “el recurrido se abstenga de proseguir con acciones derivadas del trabajo de la CPyE, así como se anule el informe de la CPyE, se inicie un proceso tal como lo que establece el Tratado de Tapihue y se suspenda el proceso de consulta”.
Vera Millaquen indicó que este instrumento no se aplica en plenitud, dado que los acuerdos que se logran en la consulta tienen que ser vinculantes: “Lo que está haciendo el Estado es un mero folclorismo y cumplir una etapa, pero en modo alguno tiene el alcance establecido en el derecho internacional.
Aylwin, por su parte, destacó que desde el marco de la consulta, medidas como las recomendaciones de la Comisión, “deben ser consultadas de buena fe, de manera adecuada y con miras de llegar a un acuerdo o consentimiento”.
Sin embargo, planteó que la consulta en Chile por mandato del Decreto Supremo N° 66, es además restrictiva, “toda vez que en caso de no llegarse a acuerdo o consentimiento, se considera que la consulta ha sido realizada”.
Frente a esta etapa que comienza, el Encargado Nacional de la Unidad de Seguimiento, relevó que todos los sectores políticos deben ver en ésta, “la alternativa y una oportunidad de Estado para abrir un nuevo capítulo que asegure justicia, paz y prosperidad para el país”.
No obstante, si bien el futuro de la Comisión depende del diálogo y la voluntad política para estar a la altura de las demandas históricas del pueblo ancestral, la consulta será clave en las decisiones que emerjan para esta coyuntura.
