Ya son más de 5 meses desde que la dirigenta mapuche Julia Chuñil Catricura de 72 años desapareció en un sector aledaño a su casa en la región de Los Ríos.
La mujer -madre y abuela- había recibido amenazas de terceros, por lo que este caso ha despertado una especial preocupación en las organizaciones de derechos humanos, mapuche y medio ambientales.
Julia Chuñil es una conocida dirigente de la zona de Máfil en la Región de Los Ríos y presidenta de la comunidad indígena Putreguel reconocida por Conadi desde el año 2014.
Al cumplirse los 5 meses de su desaparición -el martes 8 de abril- hasta Santiago llegó parte de su familia quienes denunciaron varias irregularidades y procedimientos realizados a la luz de la investigación que les inquietan.
“Se dieron cuenta que todas las diligencias apuntan en contra de ellos”, señaló Lucía Sepúlveda, periodista independiente y vocera del espacio Día a Día por Julia Chuñil, indicando que los hijos han sido allanados ya en seis ocasiones, al contrario de quien amenazó y hostigó directamente a la dirigenta, el agroempresario Juan Carlos Morstadt:
La vocera indicó que la defensa de uno de los hijos, la abogada de Codepu Mariela Santana, planteó que los protocolos de derechos humanos que se ejecutan en casos de desaparición forzada no se han aplicado, como tampoco ha existido un trato debidamente respetuoso hacia los familiares, según señala el reglamento.
Asimismo, indicó que el Estado a través del gobierno negó realizar acciones urgentes tal como fue solicitado por el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas CED:
Por otro lado, la vocera explicó que en el caso del acuerdo de Escazú suscrito por Chile, aún no existe un protocolo con la debida vigencia para la protección de las y los defensores ambientales, de modo que adquiere especial relevancia lo solicitado por el CED:
Asimismo, indicó que sus familiares temen ser inculpados o que se trame un montaje, en tanto han denunciado falta de resguardo en la toma de pruebas.
Al respecto, destacó que se realizó en el mes de marzo un peritaje en el predio recuperado por Julia y la Comunidad de Putreguel, cuyos hijos fueron impedidos de ingresar por el personal a cargo y no así ocurrió con Morstadt quien viajó ese día hasta el lugar:
“Todo encaja en que estamos frente a un Estado negligente que se hace cómplice de una situación que preocupa a nivel nacional e internacional”, concluyó la periodista.
“Conadi le regaló la tierra”
Lucía Sepúlveda en su investigación ha logrado profundizar en otras aristas del caso como ha sido la irregular compraventa del predio por Morstadt a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Conadi.
Los hechos se remontan al año 2013 cuando Conadi compra El sector Reserva Cora Número Uno-A para entregarlo a la comunidad Blanco Lepin de Lautaro, Región de La Araucanía, que tenía una histórica reclamación de tierras.
Conadi ese año entrega el predio de 900 hectáreas a la comunidad, pero que rechaza por no contemplar los mínimos estipulados -agua, cercos- y levanta una demanda contra el agroempresario. Paralelamente el año 2014 es reconocida la comunidad de Putreguel que es originaria de la Región de Los Ríos y donde Julia pertenece.
Años después y tras la renuncia de Blanco Lepin, Morstadt toma la propiedad del terreno amparado por la justicia, pero sin devolver el dinero a la entidad, incluso inscribiéndose a nombre de una tercera sociedad: Agrícola Ganadera y Forestal Collilelfu ltda.
La comunidad de Putreguel que había emprendido la reclamación de tierras en el espacio en cuestión, hace uso del terreno sin tener conocimiento del litigio, de modo que comienza a ser hostigada y amenazada por el agroempresario desde el año 2017:
“Aquí hay primero una falla enorme de no avisar, pues no hay ninguna diligencia legal para expulsar a la comunidad de las tierras que supuestamente habían sido devueltas por Conadi”, acotó Lucía Sepúlveda. “Una sentencia judicial ese mismo año dice a Morstadt “Devuélvale la plata a Conadi”. Conadi le devuelve la tierra pero el empresario no pasa el dinero. Entonces Conadi en el fondo le ha regalado la tierra”.
Frente a un caso que tras casi medio año no tiene imputados, la activista indicó que por parte de la abogada Santana de Codepu, existe una voluntad de exigir todo tipo de diligencias que no se han hecho y que se deben agotar en este caso. “Creo que todavía hay que poder demostrar que se han pedido diligencias y no se han desarrollado”, indicó apuntando especialmente a las gestiones realizadas por la fiscalía que en la zona están comandadas por la fiscal regional, Tatiana Esquivel, la misma a cargo del caso de Tomás Bravo.
“También apelamos a la denuncia pública, pues ya sabemos que tenemos una justicia clasista. Si el desaparecido fuera un terrateniente o una mujer de sociedad valdiviana la situación sería otra”, expresó respecto a la dirigenta mapuche y defensora medioambiental, a la cual el Estado debe prestar especial atención, precisó la periodista.
