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“El desafuero permite que un tribunal pueda procesar a un diputado quitándole ciertas prerrogativas pero no se explica para la ciudadanía por qué esto no se extiende a la dieta parlamentaria. Esto ha desatado la sensación de que existe un privilegio excesivo, que lo hay”, dijo el legislador.
Esta mañana en dependencias del Congreso Nacional, el diputado Andrés Giordano anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el artículo 61 de la Constitución Política de la República para establecer que, en caso de desafuero, la parlamentaria o parlamentario desaforado no reciba la dieta correspondiente mientras dure la suspensión del cargo.
El desafuero permite que los tribunales puedan procesar penalmente a un parlamentario, este procedimiento implica la suspensión de las funciones legislativas, como votar en sala o participar en comisiones. Sin embargo, la normativa actual no incluye la suspensión del pago de la dieta parlamentaria.
“Es de conocimiento público que esta Cámara cuenta con dos parlamentarios desaforados que están suspendidos de sus funciones pero que, sin embargo, hasta el día de hoy siguen percibiendo su dieta, lo que equivale a la remuneración en cualquier caso de algún trabajador. Efectivamente, el desafuero lo que permite es que un tribunal pueda procesar a un diputado quitándole ciertas prerrogativas pero no se explica para la ciudadanía por qué esto no se extiende a la dieta parlamentaria. Ha habido un sinnúmero de críticas a propósito de que no son los primeros dos parlamentarios desaforados durante esta legislatura y, sin embargo, esto ha desatado la sensación de que existe un privilegio excesivo, que lo hay. Por lo tanto hoy día nos queremos hacer cargo de esta situación con algo muy sencillo, una reforma constitucional al artículo 61 de la Constitución Política de la República que busca que cualquier parlamentario que sea suspendido de sus funciones por una orden de tribunales, es decir, sea desaforado, como es el caso de los dos parlamentarios que mencionaba, dejen de percibir su dieta”, dijo el diputado Andrés Giordano.
El legislador agregó que “Este es un mensaje muy claro a la ciudadanía. Un parlamentario, al igual que cualquier trabajador o trabajadora de nuestro país, no puede tener privilegios cuando se somete a distintas medidas disciplinarias judiciales. Y, por lo tanto, esperamos que este procedimiento, este proyecto de ley, sea visto con celeridad en la Comisión de Constitución, que las y los parlamentarios que lo han suscrito nos ayuden a moverlo en este espacio, porque entendemos que hay iniciativas similares presentadas en el Senado, pero como Cámara de Diputados y Diputadas, que es efectivamente donde están los parlamentarios desaforados el día de hoy, tenemos que hacernos cargo y esperemos que este proyecto avance con la celeridad necesaria para que el mensaje de justicia y de terminar con los privilegios, y además de defender el correcto uso de los recursos públicos, sea traspasado a la ciudadanía y se convierta en parte de nuestra legislación”, explicó Giordano.
Por su parte, el diputado Leonardo Soto, firmante del proyecto dijo que: “En Chile hay parlamentarios que están desaforados, que están en la cárcel, algunos en prisión preventiva y siguen recibiendo una dieta millonaria. Esto choca al sentido común de todos los chilenos porque es una tremenda injusticia. No tiene justificación. Y solamente degrada y desprestigia a nuestro sistema judicial y a nuestro congreso. (…) Yo no olvido al diputado Mauricio Ojeda, cuando aquí en el mismo hemiciclo tomaba la palabra y pedía que alguien que estuviera acusado por delitos de corrupción tenía que suspenderse de la nacionalidad y de todo derecho político. Y hoy día que él está en esa condición.”
El proyecto aborda un tema que ha generado un amplio debate en el ámbito legislativo. Actualmente, en Chile, hay dos diputados desaforados: Mauricio Ojeda, exmiembro de la bancada del Partido Republicano, quien fue desaforado en el marco del caso convenios en La Araucanía, y Francisco Pulgar, exintegrante del Partido de la Gente, investigado desde 2024 por delitos de violación y abuso sexual reiterados.
Este contexto subraya la urgencia de legislar para eliminar privilegios y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. La iniciativa cuenta con el respaldo de las diputadas Javiera Morales, Emilia Schneider, Éricka Ñanco y el diputado Leonardo Soto.
