El ex ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reforzó sus apreciaciones sobre la forma equívoca e imprecisa con la cual el Ministro actual de la cartera, Fernando Rabat, ha respondido respecto a la rebaja de condenas concedidas a criminales sexuales vía decreto:
“Ha quedado claro para la opinión pública y personas que forman parte del sistema de justicia que las respuestas que ha dado el gobierno no son correctas e inverosímiles”.
“Además ha omitido información al Congreso”, indicó respecto al desconocimiento en que se encuentra el parlamento sobre el cuerpo de los 56 decretos firmados por el ministro, lo que ha derivado en que el jefe de cartera no sea invitado a las sesiones de la Comisión de Constitución del Senado donde actualmente se discuten temas de esa secretaría.
El ex secretario de Estado recordó la baja aprobación que percibe el sistema de justicia por la ciudadanía, de modo que la respuesta contradictoria del ejecutivo frente a la gravedad del caso, “alienta la sensación de impunidad que hay en nuestra sociedad”:
“Genera un desconcierto en las víctimas de estos delitos y lo que hace es tributar para que el sistema de justicia no pueda restablecer la confianza que necesita”, expresó.
Dos actos inauditos
Acerca de los argumentos presentado por el ministro Rabat sobre el otorgamiento de rebaja de condenas, Gajardo precisó que la decisión fue directa a la solicitud de la demanda de los condenados, lo que es contrario al criterio que venía implementando el poder ejecutivo desde el segundo período de Sebastián Piñera en adelante.
Tal criterio se venía aplicando fiel a lo “determinado por el Congreso que la ley de rebaja de condenas que excluía a los abusadores y violadores de niños se aplicara desde el momento en que se publicó en febrero de 2022”. Así el Ministerio de Justicia se daba la tarea de rechazar las peticiones para años anteriores, explicó:
Por otro lado, acotó, que “es bien complejo y delicado el hecho de que el gobierno diga que el estado le falló a las víctimas: quien falló a las personas siendo niños es el gobierno, no el Estado”, puntualizó sobre la conformidad a la ley del rechazo que dictaminó el ministerio de Justicia en anteriores administraciones:
El criterio protegía a las víctimas y hacía cumplir la ley de 2022, agregó Gajardo. El cambio de criterio “hace entre otras cosas que se considere una infracción a la ley”, concluyó además el ex ministro.
