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Tribunal Constitucional rechaza requerimiento de Kast: Todas las familias tendrán agua, luz y gas hasta que se completen las reconstrucciones

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este martes, por 9 votos contra 1, el requerimiento que el Presidente Kast presentó para tratar de dejar sin efecto la norma que obliga a las empresas de luz, agua y gas a reconectar gratuitamente sus servicios en las zonas declaradas en estado de catástrofe. Otra derrota para La Moneda, que veía con malos ojos que la gente pudiera ser reconectada a servicios básicos manteniendo deudas.

El artículo 31 de la megarreforma, nació de una indicación de la diputada comunista Sofía González, representante de Valparaíso, y fue respaldada por la oposición y por parlamentarios oficialistas que entendieron lo evidente: ninguna familia debería quedarse sin agua, luz o gas en medio de, inundaciones, incendios o un terremotos solo porque arrastra una deuda.

El Gobierno, sin embargo, intentó torcerle la mano a la norma, argumentando ante el TC que el artículo no mantenía relación con las ideas matrices del proyecto de “reconstrucción”. Sin embargo, el pleno del Tribunal, integrado por su presidenta María Pía Silva junto a nueve ministros y ministras más, decidió mantener la norma vigente, ratificando el derecho de los usuarios residenciales y de las pymes y mipymes a recuperar sus suministros dentro de los plazos. 

La diputada Sofía González declaró: “El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón”, agregando qué, “el gobierno no podía estar más equivocado, cuando hablamos de reconstrucción, cuando hablamos de reactivación tenemos que comenzar por lo aquello que es esencial, reconectar a las familias al agua la luz y el gas, son solo el comienzo de un proceso de reconstrucción que es mucho más integral, mucho más complejo y requiere el trabajo de todos y todas”.

En tanto, el subjefe de bancada Marcos Barraza, comentó, “hoy ganaron las familias damnificadas y el gobierno sufrió una nueva derrota en su intento por quitar y suprimir derechos”. 

La derrota del Gobierno es la cuarta que enfrenta la megarreforma en el TC, aunque en este caso fue el propio Ejecutivo quien salió a impugnar una norma que buscaba proteger a las comunidades más golpeadas por las catástrofes.

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