Las corporaciones judiciales son entidades clave en facilitar el acceso a la justicia en Chile y hoy deben pasar a conformar el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Sin embargo, la implementación del proceso despierta inquietud entre sus funcionarios respecto a la disponibilidad de recursos y a sus condiciones laborales.
Victoria Escalante, presidenta de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia Fenadaj, apunta que si bien el traspaso es visto de buena manera por los funcionarios, advierte que el presupuesto destinado para su implementación no es suficiente para superar las falencias que históricamente les han afectado:
“Las corporaciones y las personas que ha tenido que recurrir a ellas se han dado cuenta que es un servicio precarizado -desde su creación en el año 81- y desde ahí buscamos resolver estos déficit que son endémicos de nuestra política pública y hemos confiado en este traspaso”:
Indica además que a esta precariedad de base se puede sumar la inseguridad ya vista en otros servicios públicos producto de los recortes presupuestarios que ha ordenado el gobierno de Kast: “Estamos frente a un riesgo que se instale con más precariedad y que se pase a la precariedad histórica con un cambio de nombre y eso no nos favorece para nada”, remarcó.
Otro aspecto incierto refiere al traspaso de los funcionarios al nuevo servicio, situación que debe ocurrir de forma automática. “Sin embargo, hay preocupaciones por las plazos y que no hay propuesta para esos efectos”, aclara frente al retraso visto en la primera etapa concentrada en la macro zona norte:
“Por lo tanto creemos que esta nebulosa ya debería haberse resuelto”, añade Escalante apuntando al proceso de homologación de jornadas, remuneraciones y otros: “Nosotros hemos estado trabajando como en el reglamento único, pero nada hemos logrado todavía en este nuevo gobierno y por lo tanto, estamos preocupados y nuestra gente está angustiada porque los trabajadores tienen que tener certezas”.
Justicia y Ministerio de Justicia
Fenadaj es también una de las agrupaciones sindicales que adhirió a la denuncia recientemente expuesta en la Comisión Interamericana de DDHH sobre los efectos que están surtiendo los recortes presupuestarios y que impactan a 142 programas sociales.
“Uno de los derechos humanos es el acceso a la justicia y quisimos visibilizar el riesgo en el que nos encontramos hoy día con el cambio de gobierno”, en tanto hay posibilidad que lo mandatado por ley quede trunco y que se incumpla la garantía constitucional de por medio.
No obstante, tal situación a “esta autoridad no le hace mella”, agregó la dirigenta recordando los dichos emanados por el subsecretario en reunión con la federación, sobre que “no están los tiempos para cumplir la ley y hacer un buen trabajo”:
Por otra parte, fue distinta la percepción que se ha tenido con el ministro de Justicia Fernando Rabat quien señaló a los dirigentes tomar nota de las inquietudes, aunque advirtiendo que habían otras personas encargadas del presupuesto y estando él sin conocer completamente aún el de su cartera.
“Vemos que hay un espacio para cambiar lo que dijeron”, pondera Victoria Escalante indicando que agosto y septiembre son meses cruciales, previo a la ordenación del Presupuesto 2027: “Por cierto, lo vamos a complementar con la ida al Congreso para sensibilizar que la instalación del nuevo servicio no se puede hacer con los recursos de siempre”.
