La acción penal se suma a la interpuesta en marzo por el abogado de la familia, que incluye los delitos de torturas, lesiones graves, denegación de auxilio, falsificación de instrumento público, amenazas, prevaricación administrativa y omisión de denuncia penal, en contra; el Capitán de Navío Juan Pablo Castro, Director de la Escuela Naval; un cadete individualizado como Ismael Donoso y contra todos los que resulten responsables.
“Ningún joven merece que le arrebaten así su sueño de ser cadete y oficial de marina”, lamentó el padre del menor.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó este 5 de agosto, en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, una querella criminal contra todos los que resulten responsables por los delitos de torturas sufridas por un ex-cadete mientras éste era alumno de la Escuela Naval Arturo Prat el año 2025. Con esta acción el INDH se hace parte en el proceso iniciado por querella criminal que, en marzo, interpuso el Abogado Rodolfo Precht Mendoza, quien patrocinando a la víctima, se querelló por los delitos de torturas, lesiones graves, denegación de auxilio, falsificación de instrumento público, amenazas, prevaricación administrativa y omisión de denuncia penal contra el Capitán de Navío Juan Pablo Castro, Director de la Escuela Naval; contra un cadete individualizado como Ismael Donoso y contra todos los que resulten responsables, libelo en la cual se expone que un joven que ingresó a estudiar a ese plantel el año 2025, cuando tenía 18 años de edad, fue reiterada y brutalmente agredido físicamente y en su dignidad personal, y sometido a torturas mientras era cadete, lo que constituye serias violaciones a los DD.HH.
Fernando Martínez Mercado, Abogado y Jefe Regional Valparaíso del INDH, solicitó al tribunal en la querella que la Fiscalía Local indague los hechos y que, una vez concluida la investigación, acuse a los responsables y éstos sean condenados a las penas contempladas por la ley. A su vez, señala en el libelo que “la aplicación de tormentos o tortura, además de constituir un delito, constituye una violación grave a los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales vigentes en Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, enfatizando que los hechos descritos en la querella “reúnen todos los elementos del delito de Tortura previstos en el artículo 150 A del Código Penal.”
Raúl Precht Mendoza, padre de la víctima, explica que su hijo cumplió el sueño de ingresar el año 2025 a la Escuela Naval para a ser formado como Oficial de Marina, pero durante su estadía de 2 meses y días en el plantel fue víctima de verdaderas torturas, resultando la víctima seriamente lesionada en su cuello y piernas, a causa de reiterados golpes, siendo además el joven objeto de graves amenazas e incluso ahorcado en 3 ocasiones hasta hacerlo perder el conocimiento. Por ello, luego de que el joven cadete reclamara siguiendo el conducto regular denunciando a sus agresores, solicitó retirarse de esa institución, ante lo cual por orden del Director de la Escuela se le recluyó en la Enfermería del plantel, donde no se le realizó ningún examen médico serio, no se le tomó ninguna radiografía y no se le dio ni siquiera un analgésico para los serios dolores físicos que le causaron las agresiones que sufrió.
Como si lo vivido no fuera tortuoso además de ilegal, la decepción del padre de quien fuera cadete aumentó cuando se enteró que, por instrucciones del Director, se le impuso al joven cadete llenar y firmar una serie de documentos en que aparecía falseada su causa de solicitud de retiro de la Escuela: “Los documentos señalaban que el retiro era por desinterés vocacional, lo que es falso, -reclama el padre del ex-cadete- ya que mi hijo se retiraba porque fue víctima de reiteradas agresiones físicas y a su dignidad personal. Incluso uno de esos documentos lo amenazaba con penas de cárcel si le comunicaba a terceros cualquier cosa relativa a lo vivido en la Escuela. Todo redactado con el objetivo de encubrir las torturas, lesiones y amenazas que sufrió.”.
Rodolfo Precht Mendoza, abogado querellante, explica que a pesar de que el Oficial de la División que integraba el cadete afirmó que de ser cierto lo reclamado por la víctima, en 24 horas los agresores estarían expulsados de la escuela, luego de confirmarle ese Oficial al apoderado del joven agredido que era cierto que el cadete había sufrido tan graves hechos, la Dirección de la escuela realizó una investigación absolutamente parcial, irregular y sin ninguna transparencia, en la que sólo se le comunicó al reclamante de supuestas sanciones impuestas a un grupo de cadetes, procedimiento en que el Director de la Escuela no aplicó todo el rigor del Reglamento Interno de la institución, ni respetó la ley, pues debió haber expulsado a los agresores y a todos los involucrados en los hechos, y debió haberlos denunciado a la Fiscalía Local.
