Durante mayo, distintos tribunales del país dictaron una serie de resoluciones vinculadas a causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar, que incluyen nuevas indemnizaciones, condenas penales y avances en investigaciones judiciales contra exagentes del Estado.
Indemnizaciones por daño moral en casos de detención y tortura
El Trigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar $40 millones a Víctor Espinoza Loyola, exefectivo del Ejército detenido en 1975 y torturado en recintos de la Armada y la disuelta DINA.
En otra causa, la Corte Suprema ordenó indemnizar con $80 millones a Ángel Negrón Larré, estudiante universitario detenido en 1974 y sometido a torturas en el Regimiento Tacna, además de su posterior exilio.
En tanto, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $25 millones la indemnización para Mónica Lagos Muñoz, detenida en 1987 con ocho meses de embarazo y torturada por agentes de la CNI.
También se registraron fallos por montos menores en otros casos, como el de Hugo Castillo Miranda, trabajador detenido en el Estadio Nacional en 1973, quien recibirá $15 millones por daño moral.
Asimismo, el Vigesimonoveno Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar $5 millones a Sandra Ferma Leiva, estudiante detenida en 1985 durante trabajos voluntarios de la FECH.
La Corte Suprema, además, ordenó el pago de $270 millones a los hijos de Luis Luarte Mora, reconociéndolos como víctimas por repercusión de las torturas sufridas por su padre tras su detención en 1973.
En otro fallo, la Corte de Santiago fijó en $40 millones la indemnización para Leonardo Lamich Betancourt, víctima de detenciones y torturas entre 1979 y 1982.
Nuevas condenas y avances penales en causas de lesa humanidad
La Corte de Temuco confirmó la condena contra un exfuncionario de Carabineros por detención ilegal y apremios ilegítimos en Lautaro, con penas de hasta cinco años de presidio y el pago de $120 millones en indemnizaciones civiles.
En Santiago, la Corte de Apelaciones confirmó la condena contra un exoficial de Carabineros por aplicación de tormentos en el cuartel Dicomcar, con una indemnización de $20 millones.
En Valparaíso, un exoficial de Carabineros fue condenado por torturas a adolescentes en 1973, con penas remitidas y una indemnización de $60 millones al afectado.
La Corte de La Serena también condenó a dos exfuncionarios policiales a 10 años y un día de presidio por el secuestro calificado del fotógrafo René Vallejos Parra, revocando su absolución en primera instancia.
Nuevas acusaciones y procesos judiciales en curso
Durante el mismo período, la ministra en visita Marianela Cifuentes dictó diversas resoluciones en causas de derechos humanos, incluyendo acusaciones por secuestro calificado en San José de Maipo y Maipú, además de procesamientos contra exagentes de la DINA y el Ejército.
Entre los casos, destaca la acusación contra dos exoficiales de Carabineros por cinco secuestros calificados ocurridos en 1985 en el Cajón del Maipo, así como el procesamiento de un exsubteniente del Ejército y un médico vinculado a la DINA por el secuestro de Raúl Iturra Muñoz.
Preocupación por financiamiento de sitios de memoria
En paralelo, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi advirtió una crisis financiera debido al retraso en la transferencia de recursos públicos correspondientes al presupuesto 2026.
Según su directorio, la situación es “inédita y profundamente preocupante”, ya que ha afectado el pago de remuneraciones y servicios básicos, poniendo en riesgo el funcionamiento del sitio de memoria.
La institución alertó además sobre un “riesgo real de cese parcial o total de actividades”, lo que impactaría directamente el trabajo de memoria y educación en derechos humanos.
Actividades de memoria y derechos humanos
Durante mayo también continuaron los conversatorios del sitio de memoria FASIC bajo el ciclo “Defendiendo los Derechos Humanos”, con la participación de exintegrantes de organismos de defensa de derechos humanos, familiares de víctimas y académicos.
