LLAMADO URGENTE – EL OBSERVATORIO
ICHL 001 / 0725 / OBS 039.1
Hostigamiento / Intimidación / Amenazas
Chile
22 de mayo 2026
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención urgente en la siguiente situación en Chile.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información preocupante sobre la escalada de violencia, amenazas e intimidación contra integrantes de Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, una alianza política, social y espiritual de las comunidades Mapuche Williche en el sur de Chile.
Estos hechos se han dado en el marco de la ceremonia fúnebre del Sr. Jaime Javier Uribe Montiel; werken (vocero) del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, defensor de derechos humanos y pareja de la machi Millaray Huichalaf, quien falleció en un accidente carretero el 11 de abril de 2026. En conformidad con las tradiciones del pueblo Mapuche Williche, su familia y comunidad organizaron su entierro en el cementerio ancestral de Maihue-Carimallin, en el territorio de Pilmaiquén.
En los días previos al funeral, un grupo autodenominado “Comunidad indígena Mahiehua” (referido también como “comunidad indígena de Maihue” o “comunidades lepuneras”) anunció, mediante una comunicación escrita dirigida al Seremi de Seguridad Pública, que impediría el entierro del Sr. Jaime Uribe Montiel en el cementerio ancestral de Maihue. Dicho grupo estaría integrado por integrantes de comunidades que mantienen una estrecha colaboración con la empresa Statkraft y que respaldan la implementación del proyecto hidroeléctrico Los Lagos en el río Pilmaiquén, incluyendo comunidades que reciben financiamiento directo de la empresa. Las comunidades del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü y las organizaciones acompañantes alertaron sobre esta situación los días 13 y 14 de abril de 2026 tanto a autoridades estatales como a la propia empresa Statkraft a través de cartas y correos electrónicos, solicitando la adopción de medidas preventivas y de debida diligencia para evitar hechos de violencia. Sin embargo, no se adoptó acción efectiva alguna.
El 15 de abril de 2026, durante la procesión funeraria en homenaje al Sr. Uribe Montiel, el cortejo integrado por aproximadamente 200 personas que incluía a autoridades espirituales, personas defensoras de derechos humanos, familiares, niñas, niños y personas mayores, se dirigía al cementerio de Maihue cuando fue interceptado en el camino de acceso por integrantes de comunidades “lepuneras” alegadamente vinculadas con la empresa Statkraft. Estas personas instalaron vehículos, pancartas y banderas para bloquear el paso. Aunque integrantes del cortejo intentaron entablar diálogo, los agresores comenzaron a atacar violentamente a la comitiva utilizando objetos contundentes, palos, armas blancas, e incluso una motosierra, tal como consta en registros audiovisuales disponibles. Como resultado, múltiples personas resultaron heridas, incluyendo personas defensoras de derechos humanos y familiares del Sr. Uribe. Finalmente, la comitiva pudo realizar la inumación del señor Jaime Uribe Montiel.
En este contexto y durante estos ataques, se registraron amenazas dirigidas a exhumar y profanar el cuerpo del Sr. Uribe Montiel, incluyendo amenazas explícitas de arrojarlo al río Pilmaiquén. Asimismo, durante los actos funerarios, la machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche Williche y una de las principales defensoras del territorio, junto con otras personas defensoras como Jorge Romero Huenuñanco, Lautaro Allende y Amanda Victoria Huichalaf Pradines, así como los abogados que acompañan a las comunidades, Francisco Aliaga Huentrutripay y Felipe Guerra Schleef, recibieron amenazas verbales de muerte por parte de las mismas personas agresoras.
Los testimonios recabados indican que, pese a que existía conocimiento previo del riesgo y presencia de fuerzas de seguridad en la zona, no hubo una intervención oportuna por parte de Carabineros de Chile para prevenir las agresiones ni proteger a las personas asistentes. Diversos medios de comunicación también dieron cuenta de la ausencia de resguardo policial adecuado durante los hechos. No fue sino hasta que integrantes del propio cortejo solicitaron auxilio a los servicios de emergencia que personal policial acudió al lugar.
Tras el ataque, varias de las personas agresoras fueron detenidas; sin embargo, fueron liberadas en menos de 24 horas mediante acuerdos reparatorios y bajo cargos menores relacionados con lesiones simples y graves, pese a la extrema violencia empleada durante los hechos.
De manera paralela, se han intensificado los actos de estigmatización y señalamiento contra las personas defensoras del territorio y sus representantes legales. Entre ellos destacan campañas de desprestigio contra la machi Millaray Huichalaf y las comunidades del Aylla Rewe en medios de comunicación locales y redes sociales; el perfilamiento público del abogado Felipe Guerra Schleef como un supuesto “foco de incertidumbre” para las empresas; amenazas contra el abogado mapuche Francisco Aliaga Huentrutripay; e incluso intentos de detención arbitraria contra el propio Felipe Guerra por parte de Carabineros durante el desarrollo de los hechos. Estas acciones evidencian un patrón de hostigamiento y criminalización dirigido a neutralizar la defensa legal y comunitaria de las comunidades Mapuche Williche del territorio del río Pilmaiquén.
Estos hechos se inscriben en un contexto de conflicto socioambiental prolongado desde hace más de una década cuando la empresa estatal noruega Statkraft adquirió el proyecto Central Hidroeléctrica Los Lagos y otros de empresas chilenas. Las comunidades han denunciado la falta de consulta libre, previa e informada, así como la afectación espiritual, territorial y cultural derivada del proyecto.
En septiembre de 2023, las comunidades presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de Noruega, por vulneraciones a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Los denunciantes solicitaron al PNC de Noruega que adoptara medidas para hacer frente a lo que describen como actos de criminalización relacionados con su conflicto con Statkraft, alegando que Statkraft estaba utilizando el derecho penal chileno para acosarlos y tomar represalias contra ellos. En octubre de 2025, los PNC de Noruega y Chile publicaron una declaración conjunta en la que destacaban, en particular, que “las Directrices instan a las empresas a abstenerse de recurrir a represalias y a adoptar medidas para evitarlas”, y subrayaban “la importancia de proteger a las personas y las comunidades frente a las represalias”. Sin embargo, se ha intensificado el clima de presión contra las personas defensoras del territorio.
En julio de 2025, el Observatorio emitió una alerta urgente sobre la criminalización y detenciones arbitrarias del Sr. Jaime Javier Uribe Montiel y del Sr. Felipe Trunci González a 12 de mayo de 2025 y 25 de abril de 2025, respectivamente. Este contexto afecta particularmente a la machi Millaray Huichalaf, quien ha sido objeto de un incremento sostenido de hostigamientos, incluyendo el allanamiento de su domicilio por fuerzas de seguridad y la intensificación de campañas de desprestigio y estigmatización en su contra en medios locales, nacionales y en redes sociales.
El Observatorio expresa su más profunda preocupación por las amenazas a la vida e integridad de las comunidades, colectivos y personas defensoras afectadas, así como por el peligro de daño irreparable a los derechos culturales y espirituales de las comunidades del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü.
El Observatorio condena en los términos más enérgicos el ataque violento perpetrado contra una ceremonia funeraria, así como las amenazas, actos de intimidación y discursos estigmatizantes dirigidos contra las personas defensoras del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü y exhorta a las autoridades chilenas a llevar una investigación independiente e imparcial sobre estos hechos, para identificar y sancionar a las personas responsables.
El Observatorio considera que estos hechos constituyen una grave represalia contra el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos humanos, así como una vulneración de los derechos culturales, espirituales y territoriales de las comunidades Mapuche Williche.
Acciones solicitadas:
Por favor, escriban a las autoridades de Chile exhortándolas a:
1.Poner fin a todo tipo de amenazas, hostigamiento, violencia y criminalización contra personas defensoras del territorio mapuche williche, en particular de la machi Millaray Huichalaf y miembros del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü;
2.Adoptar medidas urgentes de protección para la machi Millaray Huichalaf, su círculo cercano y otras personas defensoras del territorio en riesgo, garantizando condiciones para el ejercicio seguro y libre de su labor;
3.Asegurar el respeto y cumplimiento del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por Chile desde 2008 y en vigencia desde 2009 y otros estándares internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;
4.Investigar de manera pronta, independiente e imparcial los hechos cometidos el 15 de abril de 2026 y las amenazas posteriores;
5.
Exigir a la empresa Statkraft el cumplimiento de su obligación de debida diligencia en derechos humanos, en particular, rendir cuentas sobre cómo identifica, previene y mitiga concretamente los impactos negativos en los derechos humanos, incluyendo el derecho a defender derechos humanos, que resultan del desarrollo de sus proyectos en la región.
A Statkraft y al Estado noruego, en su calidad de accionista único:
1.Adoptar todas las medidas necesarias para evitar y frenar cualquier impacto negativo en la comunidad y que se abstengan de cualquier acción que pueda contribuir a acciones de estigmatización, represión y criminalización de las personas defensoras de los derechos indígenas y humanos en represalia por su labor legítima de defensa;
2.Implementar un proceso de diligencia debida basado en el riesgo, con la participación efectiva de las comunidades mapuche-williche afectadas y respetando plenamente los principios de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de estas comunidades, en conformidad con las Directrices de la ONU y la OCDE, incluyendo las Directrices de la OCDE sobre la gobernanza corporativa de las empresas estatales, así como con la Ley de Transparencia de Noruega, que requiere que las empresas como Statkraft realicen actividades de diligencia debida en materia de derechos humanos en sus operaciones y toda su cadena de suministro;
3.Suspender temporalmente el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos en cuestión hasta que se complete un proceso exhaustivo de diligencia debida, incluyendo la identificación, prevención, mitigación y rendición de cuentas respecto de los impactos negativos vinculados a sus proyectos.
