- Retirar estas normas -señala Giovanna Amaya- retrasa la protección ambiental y prolonga problemas medioambientales en diversas zonas del país.
El gobierno de José Antonio Kast instruyó hace unos días retirar 43 decretos supremos que se encontraban en trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República, justo antes de que estos fueran aprobados o rechazados.
La gran mayoría de estos decretos pertenecían al área del Ministerio del Medio Ambiente, siendo impulsados por la administración anterior, e incluían medidas relevantes como la creación de parques nacionales y áreas protegidas, la protección de especies (como el pingüino de Humboldt) y normas ambientales (calidad del aire, emisiones, entre otras).
La explicación oficial de esta acción apunta a una revisión técnica y jurídica, que evalúe su calidad, la coherencia normativa y permita corregir posibles errores previo a su aprobación, como también la posibilidad de un reenfoque político y de prioridades.
Retroceso en la protección ambiental
Para Giovanna Amaya, directora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ECA3) de la Universidad de O’Higgins (UOH), lo primero que se debe entender es que no solo se habla de papeles, se trata de reglas que protegen la salud de las personas y el medio ambiente. “Cuando se retiran o se frenan decretos, en la práctica seguimos funcionando con normas antiguas, algunas de más de 20 años. Eso significa que el país se queda atrás en la gestión ambiental, especialmente en temas tan sensibles como el agua y el aire”, señala la especialista en política pública ambiental.
Agrega que este hecho, más que una revisión técnica, tiene efectos colaterales. “Se retrasa la protección ambiental y se prolongan los problemas conocidos, como la contaminación en zonas saturadas. También es importante aclarar que estas normas no son decisiones rápidas de un gobierno de turno, son procesos que tardan años, con participación de la ciudadanía, la academia, el sector público y privado. Por eso, detenerlas en etapas avanzadas interrumpe acuerdos ya construidos”, detalla Amaya.
Respecto a las intenciones del Gobierno, que se desprenden del momento y la oportunidad en el retiro de estos decretos, la experta UOH señala que “es importante aclarar que los gobiernos tienen el derecho y el deber de evaluar las normas que reciben. Pero el problema no es revisar, el problema es detener sin dar certezas ni plazos claros”.
Agrega que cuando esto ocurre en temas ambientales, el mensaje que se interpreta es una señal de menor urgencia frente a la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación que vive el país y el planeta.
“Más que hablar de negacionismo, yo diría que aquí hay un riesgo, hoy el desafío no es elegir entre desarrollo y medio ambiente, sino avanzar en ambos. En temas ambientales, el tiempo importa. Cada año que se retrasa una norma, es un año en que las personas siguen expuestas a contaminantes cuyo costo lo paga la salud pública”, finaliza.
Cabe destacar que un decreto es una norma jurídica dictada por el Poder Ejecutivo que sirve para regular materias específicas y aplicar las leyes en la práctica; y que, tras el retiro de estos 43 decretos, estos pueden ser modificados y reingresados; reemplazados por nuevas versiones o eventualmente no retomarse su tramitación por parte del gobierno.
