Senadora Claudia Pascual: “El Plan Nacional de Derechos Humanos es una obligación legal”

La senadora Claudia Pascual se refirió a la preocupación que genera el retiro del Plan Nacional de DDHH desde Contraloría, pese a que ya existía una iteración del programa entre el Ministerio de Justicia bajo la anterior administración y el órgano autónomo.

La parlamentaria del Partido Comunista advirtió que a diferencia de un decreto, que sí se rige por potestad reglamentaria, “el Plan es una obligación legal de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia cuando se creó la subsecretaría de Derechos Humanos”:

“Ahora no tenemos como política de Estado un Plan porque lo han retirado para su toma de razón”, dijo apuntando a la legítima desconfianza que genera la decisión del ejecutivo y que debe considerar a las organizaciones de derechos humanos:

“Efectivamente pareciera que el Estado cambia cada 3 años, lo que afecta la estabilidad de políticas públicas y necesitamos que aquellas traspasen de un gobierno a otro”, dijo la parlamentaria.

Asimismo, acotó que en sala le consultó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, sobre el propósito del retiro en cuestión y que no fue acogida su inquietud, pero que sí, en cambio, el secretario se refirió al punto en ronda de prensa. “Entonces, hay un poquito de inquietud”.

“Es un gobierno profundamente desconfiado de las políticas permanentes de Estado”, acotó Pascual caracterizando al gobierno de ultraderecha.

Detrás de los retiros

Por otra parte, respecto a la incoherencia que existe por parte del gobierno al plantear la falta de recursos del Estado y los anuncios de disminuir los impuestos a las grandes empresas, señaló que la propuesta económica de Kast se sustenta en restringir y limitar la política pública social, por ejemplo, con las cortapisas a la gratuidad o las 40 horas laborales.

En la línea de inspeccionar decretos -como los relativos al sistema eléctrico nacional o medioambientales-, sumó que son derechos sociales que nos “ha costado mucho tiempo conquistar y que hoy pueden estar siendo revisados”.

“Nadie quiere paralizar la economía ni que no hayan proyectos de inversiones, pero hay una gran mayoría que quiere compatibilizarlo con el resguardo del medio ambiente para las futuras generaciones”, agregó acerca de los 43 decretos medioambientales que hoy se encuentran en toma de razón.

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