Un trabajador independiente con discapacidad visual denunció públicamente una serie de trabas administrativas, exigencias desproporcionadas y falta de respuesta institucional por parte del municipio de Frutillar, en el proceso de otorgamiento de permisos para el comercio en playa, actividad que ha desarrollado por más de 15 años en la comuna.
Se trata de José Francisco Madariaga, vecino de Frutillar y uno de los primeros comerciantes autorizados para la venta de artículos de aseo y uso de playa durante la temporada estival. Históricamente, ha trabajado principalmente en enero y febrero, complementando sus ingresos en invierno con la venta de guantes, calcetas y flores, cumpliendo regularmente con las postulaciones, pagos de patentes y requisitos municipales
exigidos año a año.
Su situación se ha vuelto especialmente crítica debido a que padece una discapacidad visual grave y progresiva, con riesgo inminente de perder completamente la visión, lo que limita severamente sus posibilidades de acceder a un trabajo formal y hace del comercio ambulante su principal sustento económico.
En ese contexto, Madariaga señaló que su discapacidad visual y su trayectoria laboral en la
comuna no han sido consideradas al momento de evaluar su postulación, enfrentando un trato que —a su juicio— no ha sido igualitario ni justo.
A esta situación se suma que es padre de un hijo con una pérdida visual acreditada del 50%, lo que lo ha obligado a realizar constantes viajes médicos a Santiago, con altos costos económicos. Debido a esta realidad familiar, el año pasado no pudo completar formalmente la postulación al permiso municipal, aunque continuó trabajando para poder sostener a su familia. En ese contexto, Carabineros le incautaron su mercadería, provocándole pérdidas económicas significativas.
Este año, pese a haber postulado nuevamente, Madariaga denuncia que se le exigieron requisitos adicionales y cambiantes, y que finalmente se le negó el permiso bajo distintos argumentos administrativos. El trabajador cuestiona que estas exigencias se apliquen con especial severidad en su caso, mientras otras personas habrían podido subsanar observaciones.
En relación a la falta de respuestas por parte del municipio, el trabajador afirmó que agotó
todas las instancias formales posibles, entregó la documentación solicitada y aun así no obtuvo una respuesta clara ni oficial.
En un último intento, Madariaga expuso su situación al concejal Roberto Cárdenas, quien lo conocía previamente por su trabajo en Fomento y Productividad. Mientras espera una respuesta concreta, advierte que su situación económica es crítica: no cuenta con vehículo, tiene mercadería comprada para al menos dos meses de temporada y enfrenta serias dificultades para cubrir gastos básicos como alimentación, transporte y telefonía.
El caso abre un debate urgente sobre los criterios de asignación de permisos municipales, el trato hacia personas con discapacidad y la necesidad de mayor transparencia, coherencia y enfoque social en las decisiones administrativas a nivel local, especialmente cuando está en juego el sustento y la salud de una persona en situación de vulnerabilidad.
