Una nueva voz se alza al interior del mercado mayorista de Lo Valledor: esta vez se trata de la Federación de Sindicatos de trabajadores y locatarios quienes plantean un conjunto de demandas por mejores condiciones laborales, al igual que terminar con los abusos asociados a la gestión de su actual administración.
Jesús Fuentes, dirigente del Sindicato Juan Pablo II de Lo Valledor, se refirió a una serie de situaciones al interior del mega mercado y que ha motivado en parte importante la organización de trabajadores y locatarios.
El dirigente indica que la dirección del mercado obliga a pagar altas tarifas a los usuarios y a los locarios, por concepto de ingreso, comercialización, arriendo y otros.
Es así como solo el ingreso al recinto tiene un valor de $7000 para vehículos menores y vacíos. Desde ese precio básico se van incrementando según la carga y el sector en que se estacione.
Un auto o camioneta con hasta 1500 kg debe pagar en el patio de hortalizas $115.000; en el sector de sandías y melones $200.000 y en Patio Norte $205.000. En el caso de los copropietarios deben pagar un bono de ingreso de $50.000, mientras que las grúas horquillas pagan $12.000 por ingresar vacías.
“Hay una demanda de disminuir o eliminar las tarifas a un 50%. No es posible que se pague $7.000 por ingreso”, señala el dirigente, quien además acota que todo este costo se va sumando al valor de los alimentos que finalmente llegan mucho más caros a los hogares.
Otra de las demandas esenciales apunta al trato digno con sus trabajadores y locatarios. Fuentes plantea que las jornadas son extenuantes, partiendo desde las 17:00 horas hasta las 14:00 horas del día siguiente: “La gente prácticamente vive en Lo Valledor”, precisa, sobre el impacto que aquello puede producir en la vida familiar.
También señala que hay una evidente falta de regulación en términos de salud y seguridad, más aún en un espacio donde hay no pocas probabilidades de accidentabilidad. No existe al interior del recinto un servicio de urgencia o una ambulancia, como tampoco se cuenta con los servicios higiénicos necesarios, ni la techumbre para guarecerse de la lluvia en la zona de descarga en un mercado que prácticamente no cesa de funcionar.
Más de tres décadas
Lo Valledor percibe alrededor de $170 millones diarios, distribuye 2,5 millones de toneladas de frutas y verduras anualmente y representa el 92% del abastecimiento de la Metropolitana junto con proveer también a regiones de Arica y Punta Arenas.
El mercado que comenzó como una comunidad de 8 hectáreas y que luego fueron cedidas en los años 60 a un conjunto de locatarios por la Municipalidad de Santiago, actualmente es administrada por el mismo directorio compuesta de 8 miembros desde el año 1989, cuando la entidad pasó a ser sociedad anónima cerrada.
Su permanencia en el tiempo no ha estado ajena de la aplicación de severas normas sancionatorias y de una sistema de vigilancia, que va más allá de sus funciones, acota el dirigente sindical.
“Las normas no dejan de ser abusivas, incluso atentan contra el derecho al trabajo”, añade Fuentes. Por ejemplo, una medida de sanción consiste en prohibir hacer uso las posturas, espacios implementados para la descarga y que resultan clave en el proceso de abastecimiento de los locatarios.
Todas estas situaciones han desencadenado que en el petitorio de la Federación se exija la renuncia del único directorio que ha mandatado en el mercado por décadas y que se erija una administración más plural, participativa y democrática.
Asimismo, y en el caso del sindicato de operarios de grúa horquilla, Juan Pablo II, la mirada es rescatar el rol público del mercado del abasto, destacando la función que cumple en la seguridad alimentaria del país, tal como lo ha señalado la FAO para los mercados del abasto, en especial, en el desarrollo y difusión de buenas prácticas vinculadas al comercio inclusivo y el fortalecimiento de las cadenas de valor.
