El Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores manifestó su profunda preocupación ante los problemas registrados durante la aplicación de la prueba SIMCE 2025 en establecimientos de la Región Metropolitana, donde numerosos colegios no pudieron rendir el examen debido a la ausencia de examinadores externos encargados de supervisar el proceso.
En su comunicado público, la presidenta del Regional, Katherine Rozas Segovia, junto a la directiva regional, señaló que este tipo de fallas “vulneran el derecho de las y los estudiantes a ser evaluados en condiciones equitativas y con la debida organización”, generando además “una carga adicional de incertidumbre para los establecimientos, docentes, apoderados y sostenedores”.
El documento también recuerda las críticas estructurales al modelo de evaluación SIMCE, subrayando que esta prueba “tiende a estandarizar la educación, desincentiva la innovación pedagógica y reduce el currículo a lo que puede medirse”. Asimismo, advierte que el puntaje del SIMCE “no refleja la calidad educativa completa, ya que entre el 70% y el 90% de los resultados dependen del contexto socioeconómico del estudiante”, además de generar “estrés y agobio en docentes y alumnos, invisibilizando el trabajo de inclusión y la complejidad de la labor docente”.
El Regional valoró que la Agencia de Calidad de la Educación haya reconocido públicamente el incumplimiento del proveedor responsable (INFER) y haya anunciado una reprogramación de la prueba para los establecimientos afectados. Sin embargo, advirtió que esta medida “no es suficiente para revertir las consecuencias generadas” y pidió transparencia total en la investigación del caso, junto con sanciones efectivas al proveedor.
Finalmente, el Regional Metropolitano hizo un llamado urgente a la Agencia y al Ministerio de Educación a entregar un informe detallado sobre las causas del incumplimiento, garantizar condiciones equivalentes para la rendición reprogramada y asegurar que no se repitan errores que afecten el proceso educativo.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública de calidad, con la dignidad de las y los docentes y con el derecho de cada estudiante a ser evaluado en condiciones justas y adecuadas”, concluye el comunicado.
