Por Eric Campos Bonta
Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT Chile)
Hay errores que no se pueden minimizar. Porque cuando una falla técnica se traduce en injusticia social, deja de ser un problema administrativo para convertirse en un abuso. Eso es lo que ha ocurrido con el error en la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el cálculo de las tarifas eléctricas, un hecho que ha generado alzas injustificadas en las cuentas de luz de millones de hogares en todo el país.
Durante años, el Estado mantuvo congeladas las tarifas eléctricas como una forma de proteger a las familias frente a un contexto económico complejo. Sin embargo, esta duplicación del IPC —una negligencia que hoy se reconoce públicamente— demuestra que la falta de control y transparencia en la regulación termina siempre golpeando al mismo sector: las y los trabajadores.
Mientras el costo de la vida sube, los sueldos se estancan y el poder adquisitivo cae, un error como este profundiza la sensación de injusticia que atraviesa a nuestro pueblo. No puede ser que en Chile los errores del sistema los paguen siempre quienes menos tienen, mientras las grandes empresas eléctricas continúan registrando utilidades millonarias.
La energía no es un privilegio, ni un bien transable al vaivén del mercado. Es un derecho esencial que sostiene la vida cotidiana: ilumina los hogares, alimenta los hospitales, mueve las fábricas y las escuelas. Por eso, cuando la luz se convierte en un lujo, algo anda mal en la forma en que concebimos el desarrollo y la justicia social.
El país necesita actuar con urgencia y responsabilidad. Es imprescindible garantizar transparencia total en las fórmulas y mecanismos que definen las tarifas eléctricas, corregir de inmediato el error cometido y asegurar una compensación justa para todas las familias afectadas. Solo así se podrá restablecer la confianza y demostrar que la justicia social también se aplica en las decisiones económicas que impactan la vida cotidiana de millones de personas.
Pero no basta con corregir la cifra. Chile necesita una revisión integral del modelo tarifario, que incorpore criterios sociales, democráticos y de justicia distributiva, garantizando que las políticas públicas respondan al bienestar de las personas y no a los intereses corporativos.
La energía debe dejar de ser una mercancía y recuperar su carácter de bien común. El país requiere avanzar hacia una transición energética justa, que no solo mire la sustentabilidad ambiental, sino también la sustentabilidad social: donde la electricidad no sea fuente de desigualdad, sino de bienestar compartido.
La historia del movimiento sindical chileno nos recuerda que los derechos no se mendigan: se conquistan. Así como luchamos por las 40 horas, por el salario digno y por el fin de las AFP, también debemos luchar por una energía al servicio del pueblo, no del mercado.
La luz no puede ser un lujo. Corregir este error no es solo una cuestión técnica: es una prueba de voluntad política y de justicia con la gente.
