Un cuestionamiento transversal ha generado la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de otorgar la libertad vigilada a Mauricio Ortega, autor material del ataque homicida contra Nabila Riffo en 2018 en la que la mujer fue mutilada de sus ojos.
El horrendo crimen de Ortega fue sentenciado por lesiones gravísimas y a una condena de 18 años de cárcel que fue rebajada por intachable conducta a libertad condicionada.
“Este tema que nos tiene consternados, no tiene en cuenta a las víctimas y a las re victimizaciones”, señaló la senadora comunista Claudia Pascual, puntualizando que se negó la participación de la defensa.
Si bien, la Ministra Orellana anunció que el gobierno apelará, la parlamentaria apuntó a la inmediata protección de la víctima y sus familiares.
Además, advirtió sobre otro tema que se vincula con los criterios para la excarcelación de reos, hoy parte de una de las mociones del senador Chahuán (RN) quien plantea aplicar la medida cautelar de arresto domiciliario para quienes cumplen cierta edad o presentan discapacidad o determinadas condiciones.
“No son solo los 403 condenados por crímenes de lesa humanidad sino también a violadores, abusadores sexuales, parricidas, homicidas y feminicidas que estén en esa situación”, acotó.
“Dónde está la visualización de la justicia del Poder Judicial para decir que esta persona ya no es un peligro para la sociedad y ya no le va a causar ese temor a la víctimas”.
“Pareciera que con tal de sacar a los criminales de lesa humanidad no les importa sacar a los personajes a los que más les teme la gente”.
“Parece que la mano dura es solo un discurso de campaña”, enfatizó Pascual sobre la incoherencia de pretender excarcelar a casi 4000 reos de alta peligrosidad.
Otra kafe news
En otra esfera, también apuntó a los dichos del abanderado ultraderecha de Republicanos, José Antonio Kast, quien criticó una supuesta contratación por el gobierno de 100 mil funcionarios públicos, cifra que fue desmentida por el ejecutivo señalando que son contrataciones de organismos autónomos como municipios y servicio de educación y salud.
La senadora Pascual, explicó que se trata de funcionarios de educación y salud que más bien fueron traspasados a los servicios locales de educación en el primer caso, y hacia nuevos hospitales o dependencias de salud en el segundo.
A su vez, indicó que el total de estos traslados tampoco coinciden en número con los dichos de Kast, dado que sumando los funcionarios de la educación -7.300 como consignó una nota en El Mercurio- y los de salud, cercanos a los 20.000, están “bastante lejos de los 100 mil”, acotó la senadora.
Respecto a la propuesta de congelar las remuneraciones del personal del Estado en el marco del debate presupuestario, planteó: “Es una muy mala señal y lo que no pueda pasar es que no contempla siquiera la actualización del IPC”
“Son temas que vamos a mirar con cuidado y que el debate del presupuesto permita enmendar algunas señales, entre esas, esta”, precisó.
