Mientras avanza la implementación del Servicio de Reinserción Juvenil, continúa el debate por la modificación a la ley de responsabilidad adolescente que busca rebajar la edad de infracción e intensificar las penas a más corta edad.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, criticó la iniciativa legislativa que se encuentra en tramitación señalando que responde a un tema efectista y que de acuerdo a la evidencia, el aumento de pena o la rebaja no tienen un efecto disuasivo en la conducta penal.
En su justa medida
El proyecto que fue ingresado este año por el diputado Longton y aprobado en sala de la Cámara en el mes de julio, plantea rebajar la edad de responsabilidad penal a los 12 años de edad y equiparar penas de 10 años aplicadas a adolescentes entre 16 y 18 años a otros entre 14 y 16 años.
Si bien actualmente hay más adolescentes vinculados a la delincuencia, “no es posible hablar de una violencia juvenil desbocada”, adujo el defensor sobre quienes cometen los delitos.
Al respecto, informó que de acuerdo a los seguimientos hechos, son “los mismos que han pasado por el sistema penal, pero involucrados en delitos más violentos. Eso quiere decir que lo que falla es el mecanismo que los reinserta en la sociedad”, explicó:
En esa línea, Quesille situó la clave en la reinserción de los infractores, argumento que fue compartido por la Corte Suprema al emitir en junio un informe crítico al proyecto, y tarea que llevará a cabo el Servicio de Reinserción Juvenil cuyo objetivo es generar acciones de prevención del delito en conjunto con otras carteras e instancias como el municipio.
En esa línea, indicó que el Servicio está en su última etapa de implementación y que en el mes de enero se instalará en la macro zona centro norte.
“Es poco popular en la urgencia, pero es el camino correcto y en ningún caso esta estrategia implica que las adolescentes queden en la impunidad porque hay una sistema penal que hay que fortalecer, que tiene que funcionar y tiene que operar con sanciones cuando los adolescentes comentan delitos”, subrayó.
“La apuesta del Estado tiene que ver con cómo generamos un mecanismo de protección social efectiva” acotó: “Un niño con apoyo y cuidado tiene que ver con el derecho penal, pero también con la protección social de las personas”.
“Creemos que la implementación robusta de la reinserción debe ser la estrategia”, remarcó además, acotando que la evidencia indica mayores posibilidades en reinsertar a una persona adolescente que a una adulta lo que también se traduce en un menor costo para el Estado.
“Hacemos un llamado a mirar esto en su justa medida. Coincidimos con lo declarado por la Unicef y el mundo académico: no es posible que exista un sector a favor de esta reforma”, dijo Quesille respecto al componente electoral que pudiese estar alentando la iniciativa por generar una notoriedad pública importante.
