El ex brigadier del Ejército Miguel Krassnoff, suma más de mil años de cárcel por su participación en diversos delitos de lesa humanidad.
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dejó a firme las condenas contra tres ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad como autores del secuestro de Leopoldo Daniel Muñoz Andrade estudiante de la carrera de Construcción Civil de la Universidad Técnica del Estado (UTE), a la época de los hechos. Ilícito perpetrado a partir del 20 de julio de 1974, en el marco de la denominada “Operación Colombo”, y quien a la fecha figura como detenido desaparecido.
Los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y la abogada integrante Pía Tavolari, confirmaron la sentencia de primera y segunda instancia y condenaron a César Manríquez Bravo y Pedro Octavio Espinoza Bravo, ambos tenientes coroneles del Ejército y al ex brigadier de la misma rama castrense Miguel Krassnoff Martchenko, a 10 años y un día, en calidad de autores del delito consumado de secuestro calificado en contra de la víctima.
De este modo, el máximo tribunal mantuvo las condenas contra los ex militares ya que no recurrieron contra el fallo condenatorio de primera y segunda instancia, confirmando así todo lo relacionado en el aspecto penal. Respecto a la parte civil, la Corte Suprema acogió los recursos de casación presentado por los querellantes en esta materia.
Krassnoff, quien fue jefe del Grupo Halcón I y Brigada Caupolicán, suma más de mil años de cárcel por su participación en diversos casos de violaciones a los derechos humanos, acusado de detener, torturar, asesinar y hacer desaparecer a ciento de personas bajo la dictadura militar. Actualmente cumple condena en el penal de Punta Peuco.
La abogada querellante Andrea Gattinni, del Estudio Caucoto Abogados valoró la sentencia del máximo tribunal “Este caso fue especialmente difícil de investigar pero finalmente, luego de 20 años de tramitación (desde que se reabrió definitivamente el caso), se logró un poco de justicia”.
Pese a ello, Gattini expresó que “lamentablemente, quien luchó sin descanso por esta justicia, doña Esther Andrade Cruz, madre de Leopoldo, falleció esperando poder saber qué pasó y encontrar a su hijo. Este resultado es también en su memoria y en la de su hermano Roberto, y un descanso para sus seres queridos. Valoramos los criterios vertidos en la sentencia de la Corte Suprema, la que también ha vuelto a recordar la importancia de reparar a los familiares de las víctimas.”