Investigadores UOH destacan la importancia de considerar las limitaciones de la restauración ecológica en Chile y subrayan la necesidad de poner mayor atención en la integración del conocimiento local, la participación comunitaria y una visión marina-terrestre para enfrentar los desafíos del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Matías Barceló, investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) de la Universidad de O’Higgins (UOH), en conjunto con los académicos Claudia Rojas y Alejandro Venegas, también del mismo instituto, realizaron un estudio con el objetivo de evaluar el estado y proyecciones de la restauración ecológica y social en Chile, a partir del análisis de más de 90 iniciativas registradas por el Ministerio del Medio Ambiente.
En la investigación se hace énfasis que, a pesar del crecimiento sostenido en el número de iniciativas de restauración ecológica en Chile durante la última década, los enfoques predominantes han priorizado la reforestación, relegando los aspectos socio-ecológicos y comunitarios a un rol secundario.
Así lo plantea Matías Barceló, quien advierte que “la mayoría ha priorizado la reforestación con especies nativas en terrenos altamente degradados, lo que ha generado un uso excesivo de riego, especialmente en la zona central y centro-sur del país. Estas regiones recientemente han sido intensamente afectadas por incendios forestales, período prolongado de sequías, y plantaciones exóticas. Sin embargo, estos esfuerzos suelen ejecutarse sin una planificación integral que articule la ciencia, las comunidades locales, los valores culturales y el sector privado”.
Barceló agrega que un problema relevante es “la falta de participación significativa de las comunidades, cuyo rol en muchos casos es limitada a tareas operativas sin incidencia en la toma de decisiones. Sin embargo, consideramos que las comunidades locales tienen una valiosa oportunidad de ser incorporadas activamente desde su conocimiento tradicional de los ecosistemas, así como en el establecimiento y monitoreo de los proyectos”. Esta situación responde también a una “fuerte dependencia del financiamiento privado, debido a la precariedad de los subsidios estatales para la restauración ecológica”. Este financiamiento privado se enfoca especialmente en programas de reforestación.
Una oportunidad para el cambio
La reciente creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) es vista por el investigador como una oportunidad histórica para cambiar esta lógica. “Esta nueva institucionalidad no solo permitirá elaborar planes específicos para restaurar ecosistemas degradados, tanto dentro como fuera de áreas protegidas, sino que también contempla la participación de comunidades locales”, señala.
Respecto al rol de las comunidades locales e indígenas, Barceló destaca que “su involucramiento se ha restringido a acciones puntuales como, por ejemplo, la plantación de árboles o recolección de semillas, sin que exista un espacio real para su participación en la planificación, gobernanza o definición de objetivos de restauración ecológica, que iría más allá de solo la reforestación de árboles”. Por ello, plantea como necesario “crear mecanismos de co-gestión, entregar herramientas y apoyo técnico a las comunidades, y fomentar la corresponsabilidad en la toma de decisiones sobre los ecosistemas que habitan y cuidan”.
El investigador también advierte sobre una deuda importante con los ecosistemas marinos. “Han estado prácticamente ausentes en las políticas de restauración chilenas, a pesar de que el país cuenta con miles de kilómetros de costa y una rica biodiversidad marina”. Esta omisión -añade- se debe en parte “a la fragmentación institucional que separa la gestión terrestre de la marina y a una política pública que históricamente ha centrado sus esfuerzos en la restauración forestal”.
Experiencias como el Proyecto Kintu —que busca la reintroducción del guanaco como especie clave para restaurar ecosistemas mediterráneos— o la colaboración entre científicos del Instituto SECOS y pescadores de caleta Horcón para la repoblación de macroalgas, son ejemplos concretos de buenas prácticas, que destacan por combinar ciencia y saber local, involucrar activamente a las comunidades y promover soluciones que restauran funciones ecológicas.
“Estos casos muestran que, cuando se articulan ciencia, saberes locales y participación ciudadana, los procesos de restauración pueden tener un impacto profundo y duradero”, subraya Barceló.
El estudio cobra especial relevancia en el marco de la Década de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021–2030), que hace un llamado global a revertir la degradación ambiental. En Chile, el Plan Nacional de Restauración de Paisajes busca restaurar al menos un millón de hectáreas degradadas, pero enfrenta desafíos técnicos, políticos y financieros. “Más allá de los detalles, el desafío principal es traducir la ambición del plan en procesos concretos, inclusivos y sostenibles en el tiempo”, recalca el investigador.
Finalmente, Barceló enfatiza los beneficios sociales y culturales que puede traer una restauración con enfoque socioecológico: “este tipo de enfoque fortalece los lazos entre las comunidades y sus territorios, revitaliza prácticas culturales vinculadas a la naturaleza y contribuye a la construcción de identidades locales basadas en el cuidado del entorno”.
