La Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile ASEMUCH, anunció un nuevo estado de movilización al decidir mantenerse en alerta sobre el petitorio que su sector ha levantado y reclamado a las autoridades políticas.
Uno de los motivos señalados por David Santander, encargado nacional de movilización de la Confederación, ha sido la conformación de una mesa sectorial y el bullado informe de Contraloría sobre miles de licencias mal habidas por funcionarios públicos.
“Con todos los dirigentes de base acordamos aplazar producto de lo que acontece por la publicación de Contraloría y por la instalación de la mesa en términos de ley de plantas como punto fundamental que solicitamos al gobierno”.
La ley de plantas, explicó Santander, busca generar incentivos profesionales, el acceso a otros escalafones y mejorar el servicio a la comunidad. Sin embargo, persiste una inflexibilidad en el sistema que no permite los progresos deseados:
“Nos encontramos con una desigualdad absoluta respecto a otros colegas de la administración”, dijo acerca de los dos estatutos que existen en el sistema público -el administrativo y el municipal-, los cuales conviven con ciertas asimetrías como ocurre con el caso de la bonificación.
Licencias turismo
Por otro lado, David Santander manifestó su rechazo absoluto al uso fraudulento de licencias médicas que habrían hecho cerca de 25 mil funcionarios del Estado, según consignó el IX Informe CIC de Contraloría: “Ningún funcionario debiera hacer este mal uso de un derecho de los trabajadores que ha costado mucho conseguir”.
El Informe Consolidado de Información de Circulación es un nuevo mecanismo de fiscalización que ha incluido la actual contralora, Dorothy Pérez.
En el caso de las licencias médicas, correlaciona los registros de estos permisos por la SUSESO y las entradas y/o salidas de servidores públicos al país, entregando porcentajes de ingresos y salidas a Chile por región, las entidades de salud que emitieron esas licencias -Fonasa e Isapre- y las entidades públicas a las cuales se vinculan los titulares de las licencias.
No obstante, hay varios aspectos que no considera el informe, planteó el dirigente, señalando que deben ser especificados:
“La contralora actuó un poquito apresurada”, acotó: “Trabajo en Peñalolén y aparecen en un medio 48 funcionarios con licencias médicas. Uno va al análisis y como tal tenemos solo 6 funcionarios y 2 renunciaron hace mese atrás y los demás corresponden a la Corporación que no son los funcionarios municipales”, precisa el dirigente de Asemuch, apuntando al problema que ha generado esta información preliminar a quienes ejercen su función pública en la calle:
“Le hemos dicho a las autoridades: sean más criteriosos con la comunicación porque todo tipo de mala información o una no totalmente acabada, terminada, nos repercute a nosotros”.
Asimismo, se refirió al proceder de la Contralora Pérez, quien en otro momento ya ha generado impacto con su proceder como ocurrió con el dictamen que elimina el criterio de la confianza legítima:
“Causa duda y extrañeza que antes de una elección saque a relucir temas de este tipo de situaciones que se están haciendo las investigaciones en cada una de las reparticiones públicas y municipios”, sostuvo.
No estamos a cargo
En otra arista, David Santander apuntó al proyecto de ley de fortalecimiento de la seguridad municipal que se levanta como una respuesta al problema de seguridad pública afectando al país en general, y por tanto, también a los espacios municipales.
Al respecto, señaló que ese tema es parte de la mesa sectorial, en tanto no es función de los trabajadores del Estado la seguridad pública sino de otras instituciones como Carabineros y Policía de Investigaciones:
“Hemos sido agredidos, hay fallecidos y hay un proyecto que en definitiva los alcaldes impulsan malamente. No estamos a cargo, hay entes que se encargan de eso. Los civiles no tienen ninguna experticia”, aclaró el dirigente de Asemuch.
