Por Viviana Cáceres, coordinadora de investigación de Amnistía Internacional Chile.
En la antesala de la última cuenta pública del gobierno, es evidente que muchas de sus promesas no han sido cumplidas aún, especialmente en lo relacionado con los compromisos adquiridos en procesos de búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de violencia estatal ocurridas en octubre de 2019 en el marco del estallido social. Tanto es así, que incluso la senadora Fabiola Campillai, quien fue víctima durante ese periodo, anunció recientemente el quiebre total de las relaciones con el ejecutivo debido a la falta de avances en la materia, así como también otras organizaciones.
A más de cinco años de las graves violaciones a los derechos humanos que dejaron truncadas las vidas de miles personas y sus familias, la falta de una Ley de Reparación Integral, de una Comisión Permanente Calificadora de Derechos Humanos, de la derogación de la Ley Naín-Retamal y de una reforma a Carabineros de Chile, anticipan un sombrío panorama frente a futuros escenarios en los que pudiesen cometerse nuevas violaciones a los derechos humanos en nuestro país.
En un contexto social cada vez más hostil, el impulso de una cultura más respetuosa de los derechos humanos resulta esencial para poder proyectar una convivencia ciudadana guiada por principios que pongan al centro la dignidad humana. Si los abusos cometidos por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley no se sancionan, al tiempo que no se repara a las víctimas, estos seguirán ocurriendo. Esa es la gravedad de no afrontar como país lo sucedido en el estallido social: sin justicia ni reparación, las garantías de que no vuelvan a suceder hechos tan atroces es incierta.
Junto con la urgente necesidad de acompañar a las víctimas de la violencia estatal en todas las dimensiones involucradas, debemos imperiosamente reforzar la labor de carabineros para que tengan las condiciones, motivaciones y evaluaciones orientadas a un correcto actuar policial, es decir, a un actuar comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas que habitan en Chile, sin discriminación. A la fecha, lamentablemente los avances de la prometida reforma a carabineros son marginales. Entre las principales deudas están aquellas relacionadas con sus condiciones laborales, así como con la formación, entrenamiento y equipamiento suficiente y adecuado para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía.
La escasa integración transversal del enfoque de derechos humanos, a menudo relegado a un nivel declarativo y sin aplicaciones a las normas operativas que rigen el actuar policial, es solo uno de los problemas de fondo que deben priorizarse. En ese marco, la formación inicial y continua del personal policial debe ser el eje que asegure que no volverán a producirse hechos donde las policías abusen del uso de la fuerza sino que, al contrario, estén al servicio de la democracia y de la protección de las personas.
Una formación policial moderna y de calidad requiere avanzar en la reforma a carabineros. Para ello se necesita el fortalecimiento de competencias profesionales autónomas y no seguir profundizando una lógica militar con una impronta de obediencia y disciplina que no contribuyen al desarrollo de capacidades prácticas situadas. En la misma línea, debe fortalecerse la coherencia entre los perfiles de egreso y las exigencias actuales de la labor policial; el tipo y distribución de contenidos formativos, así como el desarrollo y aplicación de mecanismos eficaces de evaluación y supervisión externa.
Si no se avanza en cambios profundos en la cultura organizacional de carabineros, lo que incluye alejarse de las lógicas formativas militarizadas y abrazar las policiales, fortalecer las capacidades docentes, eliminar las brechas educacionales de los dos escalafones existentes (oficiales y suboficiales) y, en su conjunto, la actualización pedagógica, no habrá impactos significativos en el desempeño y legitimidad institucionales. Para ello es necesario que los avances normativos y doctrinarios se traduzcan en cambios verificables así como fortalecer los mecanismos de investigación y sanción de eventuales violaciones de derechos humanos, de modo de asegurar una rendición de cuentas efectiva frente a la ciudadanía, elemento clave para recuperar la confianza en las instituciones.
Han pasado casi seis años desde el estallido social y el Estado ha quedado a medias con sus promesas. Desde Amnistía Internacional y las organizaciones de la sociedad civil seguimos vigilantes, pero sin la colaboración del Estado, los avances se estancan. El Estado tiene responsabilidades que no puede ignorar más, para construir una sociedad libre y justa es necesario abordar con determinación las deudas y aprender del pasado, por eso es tan importante la memoria histórica, especialmente en un país como el nuestro, que ha sufrido tanto. Las graves violaciones a los derechos humanos que acontecieron en 2019 y la falta de justicia hasta el momento, muestran una vez más el alto grado de impunidad, ¿hasta cuándo entonces?
