Señor Ángel Valencia Vásquez
Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile
De nuestra consideración:
La Coordinadora Nacional de DD.HH. y Organizaciones Sociales, rechaza y denuncia, la gravedad del anuncio del Ministerio Público, respecto a la decisión de no perseverar en 1509 causas en las que se investigan violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado en el marco del estallido social del año 2019, y que han sido parte de informes de distintos organismos nacionales e internacionales que han exigido al Estado chileno su solución de acuerdo con el derecho internacional.
Esta decisión del Ministerio Público constituye un acto flagrante de denegación de justicia manifestando una clara voluntad institucional por la impunidad de las acciones ilícitas ejecutadas en el contexto de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil, que tuvo como ejecutores a funcionarios públicos pertenecientes a Carabineros y a las Fuerzas Armadas.
Realizamos un llamado a los organismos nacionales e internacionales a exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos y exigidos al Estado y gobierno a raíz de los informes emanados en base a los antecedentes recabados in situ en ese periodo en relación a las violaciones de DDHH ocurridas en nuestro país en la revuelta popular iniciada en octubre el año 2019, y que tuvo como respuesta institucional una represión que nos hizo recordar la vivida durante la dictadura militar.
En esta medida del Ministerio Publico se advierte nuevamente una clara intencionalidad política orientada a deslegitimar y estigmatizar el derecho humano a la movilización social como mecanismo para alcanzar transformaciones económicas, sociales y culturales que permitan la dignidad humana. Consideramos que existe un claro trasfondo político ya que los delitos que el Ministerio Público declina continuar investigando ocurrieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, cuestionado e imputado por estas materias, personaje a quien paradójicamente el propio Presidente Gabriel Boric calificó como un “demócrata desde la primera hora”, obviando el impacto traumático que esto causa en las victimas y la sociedad ante la falta de justicia, reparación e impunidad que esto establece.
Somos enfáticos en reiterar que desde el punto de vista de los Derechos Humanos, esta decisión de no perseverar con las investigaciones pone nuevamente en evidencia una voluntad comprometida con la impunidad, debido a que la supuesta falta de antecedentes y pruebas necesarias para realizar los procesos tiene su origen en la propia negligencia institucional para investigar de manera seria y responsable delitos que han sido calificados como de lesa humanidad al ser generalizados y sistemáticos.
Es de extrema gravedad una decisión como ésta, ya que constituye un agravio y renuncia a la garantía de no repetición y se transforma en un respaldo a políticas represivas articuladas desde la institucionalidad estatal con la clara intencionalidad de criminalizar la movilización social, donde una vez más las víctimas de graves crímenes cometidos por agentes del estado, tienen como respuesta la impunidad.
Condenamos de la manera más enérgica esta decisión del Ministerio Público. Una vez más exigimos al Estado, al Gobierno y a las instituciones que se revierta esta medida y cumplan con la obligación de lograr verdad, justicia y reparación por los graves delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante el estallido social.
La carta y las organizaciones adherentes: Carta casos MP Editada (1)
