Sigue avanzando en la Cámara el proyecto de ley que ofrece por primera vez una solución a la deuda histórica del magisterio de Chile.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, apuntó al valor de la iniciativa frente a una demanda pendiente por más de cuatro décadas que identificó y catastró a más de 57 mil adeudados y que propone una cifra de reparación en torno a los $280.000 millones.
“Tiene un carácter simbólico y político muy relevante que revela dos cosas: Este no es cualquier gobierno y nuestra presencia no es trivial”, acotó el ministro militante del PC:
Acerca de la importancia dada por el actual gobierno a la educación, Cataldo planteó que el ministerio tiene una especial relevancia, pues ante los múltiples problemas de la sociedad como la economía, el desarrollo productivo, la seguridad y otros, “las respuestas siempre parten por la educación”.
“Abarca todos los niveles desde la sala cuna hasta el postgrado” señaló sobre el rol de la cartera. “Estamos haciendo funcionar el sistema de aseguramiento de calidad y discutiendo hacia dónde tiene que ir la educación superior hoy y eso es muy pertinente”.
Universidades
Respecto a ese último punto, se refirió a la crítica situación financiera que están viviendo varias universidades como la Austral o de La Frontera, a causa de una prefinanciación vinculada a problemas de gestión y administración:
Anteriormente, en el caso de la crisis vivida por la Universidad de Aysén, señaló que sin precedentes, la Superintendencia tuvo que hacer una intervención el año 2023. De esa misma manera, también ha ocurrido con el CFT y el IP de la Universidad de Los Lagos.
”Todo esto se da en el marco de la discusión del proyecto del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior”, dijo el ministro, donde algunas universidades han planteado que este proyecto con la regulación arancelaria vendría a bajar sus recursos, lo cual no tiene ninguna evidencia, esclareció:
Respecto a otros casos que se han conocido en el año como los exacerbados sueldos pagados por la Universidad San Sebastián o el proyecto Nexus de la Universidad Mayor, indicó que eso “obliga a pensar las regulaciones”, aunque las entidades públicas y algunas privadas de tradición pública ya han hecho propias la aplicación de la transparencia activa.
“Uno de los artículos incorporados tiene que ver con la transparencia activa del sistema de educación superior. En general, que todas las instituciones tengan regla de transparencia activa; que se transparente en las páginas y que no se tenga que pedir información para que la cuenten, porque el que nada hace, nada teme”, indicó respecto a la ley que pone fin al CAE y propone un nuevo sistema de financiamiento.
