El acuerdo de Escazú, el acuerdo regional para los asuntos ambientales de Américalatina y El Caribe, recientemente llevó a cabo la primera visita de su Comité de Apoyo en uno de sus Estados Partes, y tuvo lugar en Chile.
La presidenta del Comité, Patricia Madrigal, indicó que la visita que busca brindar apoyo a los países para la aplicación del acuerdo, “puede motivar a que más Estados se conviertan en ser parte de este proceso”.
El acuerdo que normalmente conocemos como Escazú es inédito a nivel internacional, sostuvo la abogada, y el primero en Américalatina y El Caribe.
Escazú nace con el fin de avanzar en materia medioambiental, acorde a las características socioculturales de la región por medio del derecho al acceso a la participación pública y a la información ambiental; el acceso a la justicia ambiental y a la protección de los defensores medioambientales.
Actualmente de los 33 países de la región, 15 han ratificado el acuerdo -una de las más recientes fue Colombia- y 25 Estados se encuentran en proceso de ratificación como ocurre con Brasil. La relevancia de ambos países es fundamental, puesto que el primero concentra el mayor número de crímenes contra líderes ambientales, mientras que Brasil es junto con México el país latinoamericano con mayor cantidad de conflictos ambientales en el mundo.
Los temas
La visita a Chile por parte del Comité, se origina tras la petición de apoyo que el país efectuó durante la COP3 y en el marco de lanzamiento de su Plan Nacional de Implementación.
Un tema analizado ha sido el registro RETC, estándar que ejecuta el país respecto a las emisiones y transferencias contaminantes. La experiencia de aplicación de este catálogo, puede ser importante para compartirlo con otros Estados, señaló Madrigal, al igual que es significativo para fortalecer la información ambiental ciudadana.
Por otro lado se abordó la participación temprana de las personas de los proyectos públicos o privados que involucran al medio ambiente y también el acceso a la justicia ambiental. Dentro de las jornadas, también hubo una convocatoria para la participación de la sociedad civil.
Con respecto a uno de los puntos más urgentes que alberga el acuerdo, refiere a las garantías que el Estado debe entregar para un entorno seguro, donde los defensores ambientales puedan actuar sin amenazas o inseguridad, sostuvo la presidenta del Comité.
En el caso de Chile, se adoptó el protocolo que es un instrumento de coordinación interinstitucional -Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Prevención, Defensoría, Carabineros, PDI, entre otros,- los cuales “en una mesa deben presentar un informe anual en la Comisión Permanente de Coordinación de Sistema de Justicia Penal” indicó la comisionada.
En esa línea, Patricia Madrigal, señaló que este tipo de conflictos deben abordarse desde otro enfoque, en tanto que una de las estrategias usadas para promover inseguridades a las personas, es usar el sistema para criminalizar:
“Creo que se recibe con esperanza este tipo de iniciativas”, expresó la abogada, “pero sobre todo la labor de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en Chile y en todos los países donde realizan esta labor absolutamente lícita e importante para la democracia”.
COP 16
En relación a la Cumbre de las Partes sobre Diversidad COP16 que se desarrolló en Colombia una semana antes de la visita, Madrigal señaló considerar avances muy importantes como es el claro incremento de nuevas metas y las estrategias para alcanzarlas por medio de la adopción de indicadores consensuados.
En eso hubo dos temas controversiales como el de los plaguicidas y el consumo sostenible. “Lamentablemente esto no llegó a una declaración como tal por el paquete financiero que no se logró aprobar en el tiempo establecido”, detalló la abogada.
No obstante, consideró el logro de avances como la integración de un enfoque basado en ecosistemas con impronta sociocultural en la gestión de los océanos; el reconocimiento del saber tradicional de los pueblos nativos en la conservación de la biodiversidad por medio de la conversión de un órgano subsidiario permanente; el reconocimiento por Colombia y Brasil de las contribuciones a la biodiversidad por las personas de ascendencia africana; y también, el mecanismo para la distribución de beneficios proveniente del uso de información digital sobre secuencias genéticas de la biodiversidad, generado por diferentes áreas productivas.
