DECLARACIÓN PÚBLICA A 5 AÑOS DE LA REVUELTA POPULAR
A cinco años de la revuelta social de octubre de 2019, nos encontramos viviendo una ofensiva de las fuerzas conservadoras y neofascistas, que promueven políticas regresivas en materia de avances democráticos y de derechos humanos a nivel global. En Chile, esta realidad se expresa en las trabas permanentes a cualquier cambio orientado a mejorar las condiciones de vida de la población profundizando las desigualdades, así como en el respaldo de leyes y prácticas represivas especialmente enfocadas en la criminalización de las justas demandas de estudiantes, pobladores y del pueblo mapuche. Durante estos años los sectores políticos de Derecha y Ultraderecha, representativos del poder empresarial, en alianza con los grandes medios de comunicación, han intentado imponer un relato negativo del estallido social, calificándolo de estallido delictual, buscando así deslegitimar toda forma de protesta social y estigmatizar a quienes nos manifestamos especialmente a partir de octubre de 2019. El objetivo de esta narrativa es inhibir la justa lucha del pueblo de Chile por lograr transformaciones sociales que terminen con el injusto orden social heredado de la dictadura cívico militar y administrado luego por sucesivos gobiernos. Esa fue la motivación central y mayoritaria expresada en las multitudinarias manifestaciones ciudadanas a lo largo y ancho del territorio nacional.
A cinco años de la Revuelta Social, reivindicamos la plena vigencia de las demandas por cambios estructurales y un nuevo modelo de sociedad que termine con la concentración del poder económico, el abuso institucionalizado y la injusta desigualdad, abriendo paso a la recuperación de la soberanía política a través de una Nueva Constitución legítima en su origen, que permita el ejercicio de la soberanía económica a través de la recuperación de las riquezas básicas, permitiendo superar el actual Estado Subsidiario que constituye un obstáculo insalvable para el debido resguardo y garantía de los derechos humanos, así como para alcanzar el pleno ejercicio de nuestros derechos sociales básicos, como son el Derecho a la Salud, a la Educación, a la Seguridad Social, a una Remuneración justa, Vivienda digna, entre otros derechos fundamentales.
A cinco años de la Revuelta Social, recordamos que al igual que en otros períodos de la historia de nuestro país, la respuesta de los detentadores del poder económico y político, fue la aplicación de una violenta represión, a través del uso de la fuerza militar y policial, constitutiva de una política de violación grave, masiva y sistemática a los derechos humanos, que se tradujo en decenas de homicidios, cientos de heridos, mutilaciones a través de la pérdida total o parcial de la vista, violencia político sexual, torturas, así como persecución política penal traducida en miles de jóvenes detenidos y condenas aberrantes en base a montajes de intramarchas.
Las masivas, graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos fueron constatadas tanto por organismos nacionales como internacionales, (ACNUDH, Amnistía Internacional y Comisión Interamericana de Derechos Humanos), a través de sendos Informes y Comunicados, los que coincidieron en denunciar el ilegítimo uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y militares en contra de quienes se manifestaban en las calles. Según la propia Fiscalía Nacional, de las 10.142 denuncias presentadas durante la revuelta social producto de la acción de las fuerzas policiales y militares, al iniciar este año, sólo 38 procesos han concluido con condenas para los autores, que corresponde solamente al 0.47% del total de los casos denunciados. Esto demuestra que el Ministerio Público ha incumplido con su deber de investigar y el Poder Judicial, de sancionar, instalando y normalizando así la impunidad. A esto se suma el escándalo conocido como Caso Audios-Hermosilla-Chadwick-Guerra, situación que confirma la grave crisis de las Instituciones, así como su falta de legitimidad denunciada durante la revuelta social, realidad que se ha profundizado durante estos años.
La impunidad de los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la revuelta social, sigue consolidándose con la complicidad del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Parlamento así como la mayoría de los partidos políticos, a pesar de que organismos especializados, tanto a nivel nacional como internacional, continúan interpelando al Estado y sus instituciones, a cumplir con la normativa internacional de Derechos Humanos, que garantiza a las víctimas y a la sociedad toda, el acceso a la Justicia y a una digna Reparación.
El actual Presidente de la República, a su vez, desestimó su compromiso de realizar una reforma profunda de Carabineros, institución policial responsable de la gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas, respaldando además férreamente a su Director General, Ricardo Yáñez Reveco, imputado en numerosos procesos judiciales y ante la Corte Penal Internacional, al igual que Sebastián Piñera y otras autoridades responsables de la represión. Recordemos que durante su campaña presidencial advirtió que Sebastián Piñera sería perseguido en instancias internacionales por ser el principal responsable de los crímenes cometidos durante el estallido social. De manera también contradictoria, en sus exequias realizó un reprochable discurso en que lo calificó como un verdadero demócrata, digno de ser reconocido, afectando con esta aseveración especialmente a las víctimas que han vivido durante todo este periodo un constante proceso de revictimización y abandono del Estado. Es evidente y preocupante constatar que se ha incumplido la promesa de campaña y a la vez, una obligación internacional, de implementar una política de reparación integral a las víctimas de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos que regulan la materia.
Es nuestro deber alertar e impedir que la impunidad de muchos de los crímenes cometidos en Dictadura se repita nuevamente ante las graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de crímenes contra la Humanidad, ocurridas durante la Revuelta Social, ya que además esto constituye un grave incumplimiento de obligaciones internacionales facilitando así la repetición de estos crímenes, contribuyendo a normalizar las prácticas represivas actuales.
En relación con esta materia, en su reciente visita a Chile, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas, expresó su preocupación sobre la independencia de los jueces y abogados, por “el lento avance de los casos relativos al uso excesivo de la fuerza y tortura por parte de Carabineros durante el estallido social”, en comparación “con el rápido avance en los casos de destrucción de bienes por los mismos hechos o hechos relacionados”.
Consideramos además relevante destacar, otra de las grandes demandas vigentes relacionada con la plena vigencia de la libertad de expresión en nuestro país. El actual ecosistema de medios de comunicación masivos, ha consolidado su políticas y prácticas de desinformación e imposición de una cultura hegemónica y enajenante obstaculizando el desarrollo de pensamiento crítico y toma de decisiones al privilegiar líneas editoriales que potencian la criminalización de la movilización social, la discriminación, la marginación, la desconfianza y la percepción de inseguridad, todos aspectos que impactan la identidad, la cohesión social y la salud mental de la población. En muchas ocasiones, los medios de comunicación son utilizados como instrumento para impulsar proyectos de ley cada vez más represivos en desmedro de abordar y denunciar las causas que generan la brutal desigualdad o fenómenos como la corrupción y el narcotráfico.
A cinco años de la Revuelta Social de octubre, las organizaciones firmantes reiteramos tanto la legitimidad de la protesta social, como la plena vigencia de las demandas que dieron origen a este proceso, reflejo de las duras condiciones en que la mayoría de los chilenos y chilenas vive cotidianamente, sin acceso a derechos básicos. Hoy más que nunca constituye un imperativo continuar nuestra exigencia de avanzar hacia una sociedad democrática, basada en la justicia social y fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos. Con ese propósito, seguiremos impulsando la organización de la ciudadanía y la movilización social, única forma de lograr avances sustantivos, como lo enseña la Historia de nuestros pueblos, en su justa lucha por la emancipación y plena realización de la Dignidad humana.
¡Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición!
Chile, octubre de 2024.-
