· La investigadora Martina Cociña Cholaky aborda los avances y puntos pendientes en la materia.
La migración es una realidad cierta que requiere regulaciones nacionales e internacionales que no han caminado al ritmo del fenómeno que está presente en todo el planeta. Y Chile no está ajeno a esa realidad. Según el Servicio de Migraciones de Chile (SERMIG), al 31 de diciembre de 2022 en nuestro país vivían 1.625.074 extranjeros/as provenientes en su gran mayoría de Venezuela (532.715), Perú (250.908), Colombia (189.524), Haití (184.724) y Bolivia (148.059), y el 93% del total de los migrantes residía en la Región Metropolitana.
En este escenario, la investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Martina Cociña, señala que es fundamental, al reflexionar sobre la temática migratoria, abordarla “desde una perspectiva integral, esto es, más que visualizar a quienes se desplazan desde la óptica instrumental de costo-beneficio, comprenderlos como personas que, al igual que obligaciones, tienen derechos que deben ser garantizados y respetados”.
La investigadora aclara que, en relación a las consecuencias que puede generar la movilidad humana en los países receptores, estudios dan cuenta que “si el porcentaje de inmigración internacional es mayor al 10% de la población, ello puede tener efectos en la economía del país, lo que no es el caso chileno, ya que según la última estimación publicada del Instituto Nacional de Estadísticas y SERMIG, las personas migrantes no superan el 8%”.
Agrega que la literatura especializada señala que las personas migrantes se insertan en los mercados, presentando mayor tasa de empleabilidad que la población local, pero “a menudo desarrollan trabajos mal remunerados y en condiciones laborales precarias, esto se debe a una serie de barreras existentes, como la alta segmentación laboral, lo que se vislumbra -por ejemplo- con la migración de mujeres peruanas que, a pesar de contar con estudios, son contratadas –mayormente- en labores de aseo doméstico”.
Política pública
La Dra. Cociña señala que, al hablar de una política integral de migración, cabe considerar que “recién desde los años 90 la movilidad humana ha comenzado a estudiarse en Chile, con anterioridad las investigaciones eran más bien escasas. Desde los años 2000 en adelante la inmigración internacional se ha configurado como una preocupación, situándose en la agenda pública. Sin duda, el que sea un fenómeno sociocultural que ha causado reciente atención, incide en cuanto a las políticas que se han adoptado para abordarlos”.
La experta agrega que, como advierte la literatura especializada, -en general- si se examina el papel que ha cumplido el Estado de Chile a nivel gubernamental, “no se ha establecido una política integral de inclusión, sino más bien medidas paliativas y restrictivas que responden a necesidades específicas de un ámbito. Y por otra parte, se reconoce que podrían existir avances en la materia, como la dictación de una legislación (Ley 21.325 de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública) que dejó sin efecto una normativa de antigua data (Decreto Ley 1.094 de 1975) que se sustentaba en la Doctrina de la Seguridad, y la reciente Política Nacional de Migración y Extranjería, que reconoce la necesidad de inclusión de las personas migrantes. No obstante, cabe vislumbrar cómo se aplicarán en la práctica”.
Explica que desde 2018, Chile cuenta con una política migratoria que se expresa en la premisa «Migración ordenada, segura y regular» y bajo este lema, el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), adoptó “una serie de medidas que buscaban controlar el ingreso y permanencia de determinadas comunidades de extranjeros, imponiendo un tratamiento diferencial de las circulaciones.
En 2018 y 2019 se establecieron visas consulares, mediante decretos, a personas haitianas y venezolanas, pero por su escasa concesión, extensa tramitación y la gestión de la pandemia, se dificultó la entrada regular de estas personas. Debido a la falta de acceso por vías regulares, los ingresos irregulares se incrementaron y las travesías se precarizaron. El Estado chileno, entonces, se configura como productor de irregularidad”.
La investigadora postdoctoral afirma que el aumento de las restricciones para ingresar “se manifestó en la eliminación de la visa temporaria por motivos laborales en 2018, el Plan de Retorno ‘Humanitario’, el fortalecimiento de los mecanismos para materializar las expulsiones y la adopción del Plan Frontera Segura en el norte del país”.
Añade que la política de militarización de las fronteras y la mediatización de las deportaciones es parte de una lógica de seguridad que ha optado por fortalecer el control de los desplazamientos imponiendo una gestión selectiva de los flujos. “Un panorama que no dista de las medidas establecidas por el presidente Gabriel Boric y que han reforzado la frontera nortina incrementando la dotación militar y declarando Estado de Excepción en la macrozona norte con un importante aumento presupuestario”.
Normativa vigente
En Chile la política migratoria se expresa en instrumentos como la Ley de Migraciones y Extranjería y su reglamento (vigentes desde febrero de 2022), la Ley de Refugio de 2010 (N° 20.430) y la Ley Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (N° 20.507). Asimismo, se manifiesta a nivel reglamentario en decretos y circulares dictadas en ámbitos como salud y educación. También es posible evidenciarla, de manera más reciente, en la Ley de Infraestructura Crítica (N° 21.542).
“Estas regulaciones, entre otras, interactúan e intentan responder al cambiante escenario de la movilidad, abordando los desafíos que se presentan y solucionando algunos vacíos existentes. Al mismo tiempo, sin embargo, dificultan el ejercicio de los derechos de quienes migran por su sectorialidad, parcialidad y condicionalidad, además de la burocratización y dispersión que las caracteriza. Constituyen, por lo tanto, un entramado regulatorio que expone la carencia de una política migratoria integral en Chile”, finaliza la investigadora UOH.
