Rubén Moraga Mamani. Doctor en Ciencias Biológicas. Académico
La promesa surgida en la década de los 90 de masificar el acceso a la educación superior y promover la movilidad social a esos cientos de miles de jóvenes que a través de la educación superior y a la obtención de un título profesional serían la primera generación de profesionales, lo cual les generaría oportunidades de una mejora sustantiva en la calidad de vida y de bienestar, eso quedó en una promesa. Chocó con la realidad de una sociedad de consumo que abarca y devora los sueños, anhelos de dejar una vida de privaciones para acceder a condiciones decentes a esas capas de jóvenes que no querían seguir pateando piedras y tener acceso a eso llamado educación.
El año 2005 fue creado el Crédito con Aval del Estado (CAE) como instrumento de financiamiento de Estudios Superiores. Todo resultó un espejismo, como siempre termino siendo un gran negocio para la banca por un lado y por otra parte la generación de profesionales con promesas incumplidas y con una deuda bancarizada, como lo señaló en su momento el ex Rector Aldo Valle en el año 2013 cuando manifiesta que se engaña al país cuando se dice que se gasta tanto o más en educación superior, cuando en realidad se compra una cartera de endeudamiento a la banca con un precio usurero para pagar los intereses del CAE, el cual dejó de ser crédito para estudiar y pasó a ser un subsidio directo con recursos públicos a una oferta privada desregulada.
En el contexto de una sociedad neoliberal la dimensión injusta del CAE se evidencia por las normas abusivas del contrato que se realiza. La entidad que tenía que regular, la Comisión Ingresa no realizó la pega de resguardar a ese estudiante que adquirió el CAE, que lo hacía a una tasa de un 6% sobre la inflación.
Como lo señaló el expresidente Ricardo Lagos, al parecer los bancos se coludieron, en la primera licitación se avizoro el desastre, obligaron al Estado a ofrecer un incentivo la famosa recarga, es decir, el fisco le compraba con un sobreprecio parte de los créditos morosos. Eso se tradujo en el año 2009 que el fisco pagará por la compra de esas carteras a los bancos más que el monto total que habían prestado esos bancos a los estudiantes. Los bancos se quedan con los mejores clientes pagadores y obligaban al estado a comprar esas carteras de deudores. Desde la creación del CAE hasta el 2021 el fisco ha desembolsado 6,6 billones de pesos. Lo cual corresponde principalmente a la compra de títulos y valores, adquisición de créditos por parte del fisco y la recarga o sobreprecio que el banco solicitaba por la posterior recompra de los créditos por parte del fisco, esta recarga fue de un 20% en sus inicios y hoy es de un 33%. Hay plata, pero se gasta mal.
El 2011 los estudiantes tenían toda la razón para movilizarse, ya que el CAE era un mal negocio, una estafa social y terminaban endeudados. Según la última Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central (2022) establece que el endeudamiento educativo ocupa un lugar central en los hogares, siendo de un 12,5% de la deuda general, representando la mayor carga financiera no hipotecaria para las familias chilenas.
También surgieron otros elementos como el fraude y escándalo en el sistema de acreditación (ver Así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades, Ciper. 29.09.2011), donde instituciones de dudosa calidad accedieron al CAE, la lógica del voucher se había instalado, surgieron egresados endeudados con cartones que no servían para nada. Por otra parte, la promesa de movilidad social resultó ser un mero titular o propaganda engañosa, según el informe de noviembre del 2023 del OCEC-UDP, 1 de cada 4 egresados está desempleado o subempleado, ganando la mitad de los que están empleados de acuerdo con su nivel educativo, es decir gana en promedio 53,3% menos que aquellos que tienen ese nivel educativo pero que no están en esa situación.
El informe elaborado por el ministerio de educación “Caracterización de deudores del Crédito con Aval del Estado” del 2022, en base a la operación renta 2021, evidencia que casi el 70% de las y los deudores del CAE gana menos de $750 mil mensuales, solo el 8% gana sobre $1.500.000. De estos deudores el 57% corresponde a mujeres, siendo las más perjudicadas, el 72% de estas gana menos de $750 mil mensuales, solo el 6% de esta gana sobre $1.500.000.
Los deudores que no terminaron sus estudios por diversos motivos corresponden al 23%. El 88% de estos percibe un ingreso mensual de inferior a $750 mil, el 58% tiene ingresos inferiores a $250 mil. En el caso de las mujeres el 92% de ellas percibe menos de $750 mil mensual
Es evidente la deuda del estado, hay una promesa que no se cumplió, no se entiende el alboroto que se ha generado por llevar adelante un compromiso de campaña, al parecer la palabra condonación genera ruido.
Es importante reponer la discusión, se requieren acuerdos políticos, hay una creciente crisis que se incuba, no podemos seguir endeudado con la banca a quien quiera estudiar, se debe reparar el daño ocasionado.
Se debe buscar un nuevo sistema público de financiamiento que deje fuera a la banca, que dé estabilidad a las instituciones de la educación superior donde estas cumplan su rol integrador de la sociedad terminando con la lógica de los guetos sociales, donde el estado fortalezca a sus instituciones estatales que permita generar el bienestar de quienes pasan por sus aulas, así como un modelo de desarrollo distinto de país que genere el empleo calificado para esos nuevos profesionales.
