El economista abordó temas centrales dentro de la agenda económica social, a propósito de las demandas anunciadas durante la conmemoración del 1° de mayo por la CUT., y también de algunas que son parte del programa de gobierno.
Uno de esos ejes, es la iniciativa de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, por impulsar un sueldo vital, acorde a un acceso suficiente -y no sólo de lo necesario- a mejores las condiciones de vida y a un poder de compra real.
Al respecto, el director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo CIGLOB planteó que la propuesta del gobierno el año 2022 de incrementar el sueldo mínimo a $500 mil pesos, hoy no brinda la misma capacidad adquisitiva.
Otro de ellos, es la restitución de la negociación colectiva a nivel de rama productiva, herramienta que brinda mayor capacidad negociadora a los sindicatos y que hoy está prohibida por ley, planteó.
“la legislación chilena es muy pro empresarial y patronal”, indicó el economista. “Favorece que la distribución de crecimiento económico se cargue a los dueños de las empresa o altos ejecutivos, más que a los trabajadores quienes contribuyen a crear esa riqueza”.
Tal legislación se sostiene en el Plan Laboral, herencia de la dictadura, lo cual refleja lo poco que han cambiado las cosas en Chile, indicó:
Otros tema, parte también de la agenda programática es la reforma previsional, donde el gobierno presentó una propuesta que introduce un nuevo componente de distribución de la previsión entre generaciones y dentro de cada generación.
Tal medida, “reduciría un poco el poder de las AFPs, dando preponderancia al sector público más alineado a los principios de la seguridad y no de un seguro financiero”, sostuvo el especialista.
Sin embargo, esta reforma que busca avanzar en seguridad social, se encuentra entrampado en el Congreso donde el gobierno no tiene mayoría, dependiendo de esa agenda entonces para su tramitación, indicó.
En relación a la ley corta de Isapres que fue aprobada ayer por el parlamento, Andrés Solimano fue claro en señalar que esta salida a lo indicado por el fallo de la Suprema de devolver lo adeudado a los afiliados y ajustar los planes de salud, es bastante similar a un perdonazo.
“Lo más cuestionable”, planteó, “es que la ley abre la puerta para que suba el valor de los planes médicos y de esa forma, poder pagar los sobrecargos que hicieron. Totalmente el mundo al revés”, sentenció.
