La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, en fallo dividido, condenó a tres ex funcionarios de la Policía de Investigaciones, PDI, por su responsabilidad en el homicidio de Ernesto Enrique Zúñiga Vergara, ocurrido el 16 de enero de 1982, en la comuna de Pudahuel.
Los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier rechazaron los recursos de casación de forma y fondo interpuestos en contra de la sentencia de segunda instancia emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmando las condenas contra los detectives en retiro Martiniano Arias Fernández, Manuel Tibaldo Flores Jorquera y José Hernán Huaiquimil Uribe, a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autores de un delito de homicidio simple en contra de la víctima.
En su fallo de primera instancia dictado en noviembre de 2017, el ministro de visita extraordinaria, Mario Carroza, había condenado a los ex PDI a 3 años de pena, como cómplices de homicidio calificado, lo cual fue revertido luego por el tribunal de alzada capitalino que aumentó penas y los condenó como autores.
“Estamos satisfechos con el resultado obtenido. Por como se desenvolvieron los hechos no es jurídicamente posible hablar de una legítima defensa incompleta en este caso, que fue uno de los puntos más discutidos. A la víctima se le venía persiguiendo por largo tiempo por los órganos represivos de la dictadura y se montó un gran operativo para su captura. Fue finalmente acribillado arriba de un bus del transporte público por agentes de Investigaciones. Una nueva muestra de justicia para su familia, a 40 años de su muerte”, señaló la abogada querellante Andrea Gattini, del Estudio Caucoto Abogados.
Zúñiga Vergara, era ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y ex marino constitucionalista, tenía 29 años al momento de los hechos. Pese a que en el transcurso de la investigación los condenados argumentaron que actuaron en defensa propia, se logró comprobar que su actuar fue indiscriminado y desmesurado ya que, de acuerdo al informe de autopsia, el cuerpo de la víctima presentaba 24 impactos de bala.
Los hechos
En el transcurso de la investigación, el ministro Carroza dio por establecidos los siguientes hechos:
“1.- Que, con fecha 18 de noviembre de 1981, a raíz de diversos asaltos a bancos y los homicidios de tres funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile en atentado, la jefatura de esa institución ordena su investigación a un grupo operativo especial, entregándole la jefatura al comisario Martiniano Arias Fernández de la dotación de la Brigada Investigadora de Asaltos, B.I.A.;
2.- Que en virtud de este mandato, la Brigada realizó diversas averiguaciones, las cuales arrojaron la individualización de una de las personas presuntamente vinculada a los hechos investigados, esto es, al integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Ernesto Enrique Zúñiga Vergara, que en ese entonces respondía a los nombres políticos de ‘Carlos’ o ‘Esteban’, y se logra establecer en base a testimonios recopilados a otros detenidos, que en algún momento este debería concurrir a una casa ubicada en calle Teniente Cruz de la comuna de Pudahuel;
3.- Que al contar con esta información, el día 16 de enero de 1982, cerca del mediodía, se dispuso un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la calle Teniente Cruz por Martiniano Arias Fernández, a la espera de la posible llegada de Ernesto Zúñiga Vergara, quien al acercarse al lugar percibe la presencia de los policías en el sector y decide abordar apresuradamente un microbús de la locomoción colectiva, una acción que lleva a los funcionarios policiales a seguirle con sus vehículos;
4.- Que en esa persecución, los agentes de la Brigada lograron darle alcance en la intersección de las calles Teniente Cruz con José Joaquín Pérez, y desde uno de los vehículos desciende Martiniano Arias Fernández con dos de sus subalternos, Manuel Flores Jorquera y José Hernán Huaiquimil Uribe, con los cuales sube al vehículo en que viajaba Ernesto Zúñiga Vergara y el resto de los funcionarios policiales que les acompañaban lo rodearon externamente;
5.- Que, ya en el vehículo, los funcionarios Martiniano Arias Fernández y Manuel Flores Jorquera se dirigieron de inmediato hasta los asientos posteriores en que se encontraba la víctima, quien al percatarse de la situación, habría procedido a extraer desde sus vestimentas un arma de fuego, respecto de la cual no ha sido posible establecer en autos que la haya utilizado, ya que antes es herido por los funcionarios policiales, quienes en un accionar desmesurado y en forma indiscriminada, utilizan sus armas de fuego para eliminarlo, tanto aquellos que suben al vehículo como los que se encontraban en el exterior, actuando evidentemente con el solo propósito de ejecutarle, ya que su cuerpo en la autopsia presentó al menos veinticuatro impactos de bala, circunstancia que sin lugar a dudas le ocasionó la muerte inmediata en el lugar”.
