Diputados de la República en conjunto con un grupo de organizaciones sociales y sindicales solicitaron a la Contraloría precisar el alcance de la Ley de Conciliación de la vida laboral, familiar y personal para las y los funcionarios del sector público.
Los parlamentarios buscan que la entidad del Estado se pronuncie sobre la extensión del derecho al teletrabajo para los funcionarios del sector público en el caso que también sean cuidadores de personas causantes del derechos.
El diputado Andrés Giordano (IND) e integrante de la Comisión de Trabajo apuntó a que la Contraloría ratifique la homologación de la ley al sector público, tal como lo estipula el código del trabajo:
Por su parte, la diputada Camila Musante (IND) señaló que si bien la ley posee una explícita aplicación al sector público, sus normas son completamente homologables:
La diputada Mónica Arce (IND) planteó que no se puede segregar entre trabajadores por lo que la solicitud presentada en la Contraloría busca que tanto el sector privado como el público gocen de los mismos beneficios.
La ley que fue promulgada a fines del año pasado, comenzará a regir el 29 de enero y contempla que los trabajadores puedan efectuar todo o parte de su jornada diaria o semanal en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en el caso estén al cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años, de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada. La ley establece además, el derecho al uso preferente del feriado legal con el fin de ajustarlas a las vacaciones estipuladas por el Mineduc, y también ofrece la posibilidad de solicitar ajustes de sistemas de turnos.
Carolina Guzmán, representante de la Red Nacional de Cuidados, explicó que la ley se condice con otros cuerpos legales que establecen la universalidad de los beneficios, y tal como ocurrió con el dictamen de la ley TEA el año pasado, aquellos se hicieron extensibles para todos.
María Ester Feres Nazarola de la Dirección del Trabajo, parte también de la Red Nacional de Cuidados, aseguró que la Dirección del Trabajo será la encargada de fiscalizar la Ley de Conciliación por lo que resulta imprescindible este pronunciamiento. También señaló que tiene la plena convicción de que la Contraloría debe buscar el sentido y alcance para que esta ley sea lo más amplia para todas las millones de personas que se van a ver beneficiadas con estas normas”.
